Las protestas en Chile no cesan y la policía intensifica la represión

"Esto no ha terminado". La consigna del duodécimo día de movilizaciones en las principales ciudades de Chile integró a la fiesta y el desparpajo de las mayorías, por un lado y, además, sus situaciones de violencia desbocada de la que participan un sector minoritario de los manifestantes. La policía militarizada, Carabineros, quedó además en el centro de las denuncias por el uso excesivo e indescriminado de la represión. "Ha ocurrido algo completamente intolerable, se disparó a mansalva", denunció públicamente el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. El funcionario, que depende del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, hizo un llamado al ministerio del Interior para que Carabineros se atenga a los protocolos que rigen las manifestaciones pacíficas.

El flamante ministro del Interior, Gonzalo Blumel, lamentó la situación. "Le he pedido a Carabineros que se realicen las investigaciones correspondientes", dijo. Blumel acaba de reemplazar en ese cargo a Andrés Chadwick, el primo de Piñera, quien está cerca de enfrentar una acusación constitucional por las 20 muertes reconocidas y los 1233 heridos que dejó el estallido social desde su inicio, así como las imágenes de saña de los uniformados con hombres y mujeres de distintas edades que trajeron a la memoria el accionar durante la última dictadura militar (1973-90)..

"Así como anunciamos todo lo bueno que hacemos, también denunciaremos lo malo", dijo el director de Carabineros, Mario Rozas. Rozas tenía mayores preocupaciones que los incidentes en las calles. De acuerdo con el Centro de Investigación Periodística (CIPER9, un grupo de piratas informáticos ha entrado al sistema informático de la fuerza, lo que le permitió tener acceso a miles de documentos, incluidos archivos reservados de inteligencia. "¿Así piensan proteger al país?", fue el cartel que dejaron en su pantalla.

PUTIN NO VIAJA A CHILE

El Gobierno tiene serias razones para preocuparse por la continuidad de la protesta. No solo por sus efectos internos. Los espectáculos internacionales, entre ellos el de Joan Manuel Serrat y Joaquin Sabina, comienzan a cancelarse. El 16 de noviembre se abre en Santiago la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que no viaja a Chile. Las autoridades temen que no sea el único líder que tome esa decisión. El 2 de diciembre debe iniciarse en la capital chilena la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25).

La posibilidad de que el conflicto se mantenga latente no es descartada por ningún analista. El poderoso sindicato de los trabajadores mineros le dio un portazo en la cara al Gobierno y aseguró que el diálogo sólo será posible si se aclaran asesinatos y violaciones a los derechos humanos. Unidad Social, la alianza que agrupa a los distintos movimientos sociales que han ganado las calles, se prepara para entregarle al Gobierno una serie de reinvindicaciones que considera esenciales para que se desactive el malestar.  Luis Mesina habló de un salario mínimo de 500.000 pesos (615 euros), una pensión mínima de un monto equivalente, reconocimiento pleno de la libertad sindical, servicios básicos protegidos, reducción de la jornada de trabajo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que elimine todo vestigio institucional del pinochetismo.

"Cada vez es más fuerte la idea de que hay que revisar la Constitución. Eso es legítimo y yo creo que hay que conversarlo", dijo el presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, una de las formaciones que integran el Gobierno. Los presidentes de la Cámara y el Senado, el diputado Iván Flores (Democracia Cristiana, DC) y senador Jaime Quintana (Partido por la Democracia, PPD), han comenzado a explorar los caminos para llevar esta discusión al Congreso.

PREOCUPACIÓN EMPRESARIAL

 En este contexto, el universo empresario también tiene un papel que jugar para enfriar el conflicto. El presidente de la poderosa Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, reconoció que desde el sector privado "tenemos que agrandar nuestros corazones con generosidad, agrandar nuestras manos y meterlas en el bolsillo y que duela" para ayudar a solucionar la actual crisis. "Lo que estamos diciendo es que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante con nuestros trabajadores". Chile es considerado el país más desigual de los que integran la OCDE.