MIGRACIÓN Y JUSTICIA
Un juez frena el plan de Trump de exigir seguro médico a los inmigrantes
La decisión es el último de los varios reveses judiciales a sus esfuerzos de limitar y transformar radicalmente la inmigración legal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. este sábado.-OLIVIER DOULIERY (AFP)
Una vez más los tribunales de Estados Unidos actúan como muro de contención, siquiera temporal, de las radicales transformaciones y limitaciones en el sistema migratorio que trata de imponer el presidente, Donald Trump. El sábado fue un juez federal del estado de Oregón el que frenó en todo el país la implementación de una directiva del mandatario que pretendía denegar visados a los inmigrantes que no tuvieran seguro médico o medios económicos para hacer frente a gastos sanitarios.
La nueva política fue ordenada por Trump en una proclamación el mes pasado y debía entrar en vigor este domingo pero, en respuesta a una demanda presentada por siete ciudadanos y una oenegé esta misma semana, el magistrado Michael Simon suspendió in extremis su implementación por al menos 28 días.
Los demandantes argumentaban que el nuevo sistema, que obligaría a demostrar que se tenía o iba a tener seguro en los 30 días siguientes a entrar en EEUU o que se contaba con dinero para enfrentar costes médicos razonablemente previsibles, bloquearía a cerca de dos tercios de los potenciales inmigrantes legales, unos 375.000 al año. Denunciaban, asimismo, que también reduciría drásticamente la llegada de personas que actualmente entran en EEUU como familiares de actuales residentes o ciudadanos, un fenómeno que Trump denosta como migración en cadena y que es uno de los que tiene más empeño en eliminar (paradójicamente es el que benefició a los padres de su esposa, la primera dama, Melania Trump).
BATALLA EN CIERNES
La decisión del juez Simon es el último de varios reveses judiciales para las propuestas migratorias de Trump. En octubre cinco tribunales federales diferentes bloquearon otra directiva del Departamento de Seguridad Nacional que habría obligado a los migrantes a probar que no dependerían de asistencia pública y habría cerrado también la puerta a la residencia permanente a los inmigrantes que hubieran usado o fueran a usar en el futuro subsidios en cuestiones como sanidad, vivienda o alimentación.
La batalla jurídica, no obstante, está lejos de estar resuelta. Para lanzar la medida frenada por el juez Simon Trump se apoyó en la misma autoridad que usó para imponer el veto a la entrada de inmigrantes de países de mayoría musulmana, una polémica prohibición a la que dio luz verde el Tribunal Supremo. Y en un comunicado este domingo la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grishman, ha prometido continuar la lucha en los tribunales, además de calificar la actuación de Simon como equivocada e injusta.