Aumenta la violencia policial durante una nueva ola de protestas en Chile

Un fuerte sismo se percibió al caer la tarde del lunes en el norte chileno. Sus remezones se sintieron en Santiago para confundirse con el temblor político. Las nuevas manifestaciones contra el Gobierno conclureron otra vez con incidentes y acusaciones cruzadas. Las fuerzas que convocan a las protestas volvieron a poner el acento en la represión indiscriminada de la policía militar, Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció a la par las "graves y numerosas violaciones" que perpetran agentes del Estado a 18 días de comenzar el estallido social. El conflicto que comenzó en las estaciones de metro, en rechazo al aumento del precio del billete, y saltó de inmediato a las calles para convertirse en un cuestionamiento general al presidente Sebastián Piñera y a la desigualdad económica, ha dejado hasta al menos 20 muertos, aunque la fiscalía investiga otros tres fallecimientos.

El Gobierno, en tanto, denunció que dos funcionarias de Carabineros resultaron heridas tras sufrir un ataque con bombas molotov en el centro capitalino. "Esta es una agresión salvaje, brutal y violenta contra dos mujeres que estaban cumpliendo con lo que les mandata la ley", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Estos episodios, añadió, "no tienen nada que ver con las legítimas demandas de los ciudadanos. Aplicaremos todos los recursos que nos permite la ley para sancionar a los culpables de estos actos tan cobardes".

Gravedad de la situación

Unidad Social, el conglomerado de agrupaciones que lidera las movilizaciones, ha condenado la violencia de grupos aislados y pidió al Gobierno no desviar el centro de atención de las denuncias formuladas por el mismo INDH. "No hay categoría de víctimas en igual nivel de daño. Todas merecen igual deferencia, trato, y justicia. Pero por declaraciones de algunas autoridades (en particular el silencio selectivo de la Ministra de la Mujer) pareciera que hay víctimas de primera y otras de segunda categoría", señaló el diputado Gabriel Boric.

Las estimaciones de Micco son en ese sentido contundentes. El funcionario reveló que existen 142 querellas por torturas. Se está "frente a una situación de enorme gravedad". Además, detalló que se ha constatado que hay más de 4.000 personas detenidas, al menos 1600 heridas y 160 de ellas con graves lesiones en sus ojos.

Por su parte, su antecesora en ese cargo, Consuelo Contreras, consideró que la cantidad de denuncias "dan cuenta que no son casos aislados". Según Contreras, "nos han instalado una falsa dicotomía del control del orden público versus la protección de los derechos humanos. Se puede controlar el orden público con apego y respeto a los DD.HH.", dijo.

En este contexto, abogados de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron una querella contra Pilera por delitos de lesa humanidad en un juzgado de Santiago. Los demandantes aseguraron en su presentación que ha tenido lugar "un ataque sistematico y generalizado contra la poblacion civil que ha salido a las calles durante estas dos ultimas semanas, exigiendo cambios estructurales". El jefe de Estado, añadieron, "lejos de controlar y condenar" esos episodios, "han declarado publicamente su respaldo y felicitado el actuar de las fuerzas miliares, de orden y seguridad en los medios de comunicacion nacional".

Reforma Constitucional

En ese contexto de alta conflictividad, la comisión de Constitución de la Cámara Baja empezó a discutir los caminos que podrían conduciar a un proceso constituyente capaz de desmontar los vestigios institucionales que todavía quedan de la dictadura del general Augusto Pinochete. La eliminación de la Carta Magna escrita a imagen y semejanza del Pinochet en 1980 y la redacción de un nuevo texto a tono con las necesidades de los chilenos es uno de los reclamos fundamentales de los manifestantes. Por ahora, la idea de la reforma es rechazada por sectores influyentes de la coalición gobernante, aunque otros comenzaron a aceptar su caracter irreversible si se quiere enfriar el conflicto social.