La puesta en libertad de Keiko Fujimori levanta polémica en torno a la justicia en Perú

La inminente puesta en libertad de la líder opositora peruana Keiko Fujimori, ha despertado las peticiones para que la Fiscalía acelere la formulación de acusaciones penales de la operación anticorrupción Lava Jato en Perú, además de revisar las órdenes de prisión preventiva por estos casos.

Fujimori será excarcelada a partir del próximo jueves, cuando el Tribunal Constitucional (TC) publique la resolución por la cual aceptó el hábeas corpus presentado por su hermana Sachi y que le abrirá las puertas de la cárcel después de trece meses en prisión preventiva, mientras era investigada por las aportaciones de la empresa Odebrecht a sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Concretar las acusaciones penales

Sin embargo, la decisión del TC "no corta, ni tumba, la indagación penal que está en marcha y esto es muy importante por las muy graves sospechas que han presentado los fiscales", comentó a Efe el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial en el mundo, Diego García Sayán.

En opinión del exministro peruano de Justicia, los fiscales encargados del caso Lava Jato tienen que ser instados por la comunidad a que "se avance ya en dar los pasos concretos para las acusaciones penales, formales, de lo que es propiamente el inicio de los procesos penales".

"Se podría esperar mayores resultados y no decirle a alguien (que tiene) 36 meses de (prisión) preventiva, que muchas veces no son funcionales", indicó García Sayán. El hecho de pedir celeridad al Ministerio Público responde además a la posibilidad de que otros investigados por el escándalo de sobornos, sigan el mismo camino que Fujimori para salir de la prisión preventiva.

Un caso político

El mandatario peruano, Martín Vizcarra, remarcó que el Ejecutivo es "respetuoso de la independencia de los poderes", donde el sistema de administración de justicia está integrado por el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que "ante cualquier discrepancia se van al Tribunal Constitucional".

"Podemos tener opiniones en uno u otro sentido, pero aquí lo que corresponde, en este caso, es ser respetuosos de las decisiones de los entes responsables", afirmó Vizcarra. Esa postura contrasta con la del fiscal que lleva la investigación contra Fujimori y su partido Fuerza Popular, José Domingo Pérez, para quien el fallo del TC "indigna y es lamentable".

El fiscal dijo esperar a conocer los fundamentos de los magistrados para adoptar esa medida, pues anuló las órdenes de tres instancias del Poder Judicial.

No funciona la detención preventiva

A partir de la próxima excarcelación de la líder opositora, García Sayán consideró que "lo importante sería que, a partir de casos emblemáticos como este, se haga una revisión en serio para que en general, salvo situaciones muy evidentes de peligro de fuga o de peligro de comisión de otros delitos, los procesados puedan estar en libertad".

El también excanciller peruano recordó que en Perú, hay al menos 35.000 personas privadas de libertad bajo detención preventiva, una modalidad para evitar la fuga de los investigados o el riesgo de obstrucción a la justicia, como era el caso de Keiko Fujimori. "No nos olvidemos que de lo que estamos hablando es la detención preventiva, y este es un tema que está muy cuestionado en general en el mundo y en todo el sistema interamericano", afirmó.

El futuro de Keiko Fujimori

Para la abogada Romy Chang, la resolución del TC no debería interferir en el proceso de investigación sobre los aportes de Odebrecht a su campaña porque la excarcelación se daría como resultado de una vulneración del debido proceso, cuando se dictó su detención preventiva en 2018.

La liberación de Fujimori podría además, dar cierto impulso a las campañas de sus candidatos en las elecciones legislativas del 26 de enero próximo. Sin embargo, García Sayán indicó que su principal preocupación serán los procesos que tiene en curso y las condiciones en las que seguirá siendo investigada.

"Evidentemente si no hay ninguna condición (del TC), naturalmente lo que veremos es que de inmediato la fiscalía seguramente pedirá ante el juez que se establezcan algunas restricciones en cuanto a su desplazamiento por el país o salida al exterior y otros", explicó el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.