La justicia de Perú informa de una nueva petición de cárcel para Keiko Fujimori

La líder opositora peruana Keiko Fujimori, afrontará el próximo 26 de diciembre un nuevo pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, como parte de las investigaciones por presunto lavado de activos vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.

La audiencia para analizar esa medida contra Fujimori, quien permaneció 13 meses en la cárcel hasta hace dos semanas, fue programada con carácter de "inaplazable" por el juez Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

En su resolución, difundida por medios locales, Zúniga advirtió al fiscal del caso, José Domingo Pérez, a la abogada defensora de Fujimori, Giulliana Loza, y a la propia Keiko, que deberán concurrir "bajo apercibimiento" de que la causa sea asumida por un defensor público, así como de recibir una sanción.

Aumentan las acusaciones

El magistrado precisó que la vista del pedido comenzará a las 09:00 horas (14:00 GMT) del jueves 26 de diciembre en la sala de audiencias del tribunal, ubicado en el centro histórico de Lima.

La decisión judicial se anunció dos días después de que el fiscal Pérez ampliara la investigación que sigue contra Fujimori, para incluir la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal.

Pérez investigaba hasta el momento a la líder del partido Fuerza Popular solo por el delito de lavado de activos, por presuntamente haber recibido un millón de dólares de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales.

El fiscal consideró que existen nuevos elementos, como el testimonio del empresario Jorge Yoshiyama, quien afirma que Fujimori sí conocía sobre los aportes de Odebrecht y las declaraciones de los empresarios Dionisio Romero y Vito Rodríguez, quienes afirmaron que entregaron a Keiko 3,65 millones de dólares y 200.000 dólares en efectivo, respectivamente, que no fueron declarados.

Pruebas en su contra

Pérez también pidió que se considere en la ampliación de la investigación, a una empresa de bienes raíces del esposo de Fujimori, el estadounidense Mark Vito y que se incluya a varios personajes del entorno más cercano a Keiko.

Este jueves, el fiscal peruano Rafael Vela declaró que Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht en Perú, ratificó que la empresa hizo aportes ilícitos por un millón de dólares a la campaña de Fujimori de 2011.

Vela, quien participó junto a Pérez en un nuevo interrogatorio a Barata en la ciudad brasileña de Curitiba, dijo que este describió con detalle una residencia en el distrito limeño de San Isidro en la que habría entregado los primeros 500.000 dólares. La abogada de Fujimori admitió que Barata describió la vivienda, aunque dijo que reiteró que Keiko "ni le pidió dinero, ni le solicitó dinero, ni le agradeció (por los aportes)".

Barata declaró en el marco de un acuerdo de cooperación suscrito el pasado 16 de febrero entre los fiscales peruanos y Odebrecht, que se comprometió a entregar documentos "valiosos" y a pagar 610 millones de soles peruanos (unos 180 millones de dólares) a Perú como reparación por los sobornos realizados.

Situación judicial complicada

Keiko Fujimori fue liberada el pasado 29 de noviembre después de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la prisión preventiva que cumplió durante 13 meses por esta investigación.

Tras rechazar esa decisión del TC, el fiscal Pérez señaló que la medida retrotraía todo lo actuado hasta octubre de 2018, cuando solicitó que a la líder opositora se le impongan 36 meses de prisión preventiva, por lo que el Poder Judicial debía programar una nueva audiencia para analizar ese pedido.

Además de los testimonios de otros aportes millonarios que no fueron declarados, la situación judicial de Fujimori se complicó en los últimos días tras conocerse nuevas declaraciones que aseguran que intentó boicotear las investigaciones en su contra.

La semana pasada, el expresidente del Congreso Daniel Salaverry afirmó que Fujimori hizo coordinaciones con el exmagistrado César Hinostroza y con el fiscal Pedro Chávarry, quienes han sido acusados de presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura.