PAC
Entra en funcionamiento el registro único agrario
Para el control y cumplimiento del nuevo concepto de agricultur activo
Explotación agraria de la provincia de Soria.-A. L.
La Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto por el que se crea el Registro único, público y gratuito en el que estarán inscritas todas las explotaciones agrarias de la Comunidad y que permitirá acreditar que se cumplen los requisitos, como ser agricultor y ganadero activos, para la percepción de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). Igualmente, se ha dado el visto bueno a la norma que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias como órgano de interlocución y toma de decisiones de todos los agentes ligados al sector, informa Ical.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha explicado que con ambos decretos se desarrolla la Ley Agraria de Castilla y León y la consejería realizará la inscripción de oficio para facilitar que los agricultores y ganaderos no tengan que realizar trámites. De esta manera, ya se han remitido comunicaciones a 117.000 titulares de explotaciones agrarias en las que se traslada la información y un código provisional de explotación. El plazo para que los agricultores y ganaderos envíen sus datos o puedan corregir los que no sean correctos está abierto y desde el mes de diciembre se han recibido 3.000 incidencias. El objetivo es adaptar cada inscripción a la situación real de la explotación agraria o ganadera y contar con un número en el registro para la solicitud de las ayudas.
El carácter único de este registro permite a la Junta disponer de información completa, actualizada y homogénea de todas las explotaciones, así como simplificar y facilitar los trámites a los profesionales del sector, pues la documentación depositada en ese órgano una sola vez será válida para todos los procedimientos y expedientes de ayuda que se tramiten por la Consejería, sin tener que volver a presentarla en cada ocasión.
Uno de los aspectos más positivos de este registro, según indica la consejera, es que los agricultores y ganaderos de Castilla y León podrán acreditar que cumplen el requisito de ser agricultor activo o ganadero con actividad real, tal y como se estable para la percepción de las ayudas de la PAC. Además, permitirá adecuar, aún más, las ayudas del Gobierno autonómico a la dimensión óptima de las explotaciones, al contener información de la superficie, cabezas de ganado, personal laboral o medios técnicos para la producción. Clemente recuerda que, por primera vez, los pagos directos de la PAC se dirigen a agricultores y ganaderos activos y titulares de explotaciones inscritas en el registro, como se recogió en la última reforma de esta política europea.
En tal sentido, manifestó que todos los perceptores de ayudas directas de la PAC, y también de algunas del Programa de Desarrollo Rural, deberán acreditar su condición de agricultor activo y, para ello, al menos un 20% de sus ingresos agrarios totales deben proceder de las ventas de las producciones obtenidas en su explotación y como máximo el 80% restante procederá, en su caso, de los pagos directos.
La consejera asegura que, conforme a la nueva PAC, no serán perceptores de ayudas titulares de derechos de pastos los que no tienen ganado, de los que hubo 1.900 con seis millones y que serán excluidos. En este sentido, solo podrán declarar superficies de pastos y percibir ayudas directas vinculadas a los mismos quienes declaren cinco cabezas de ganado y 20 hectáreas.
La incorporación del concepto de agricultor activo y las nuevas exigencias en relación con la actividad agraria ya se conocieron en 2014, año de transición de la reforma, con la reducción de las solicitudes, que previsiblemente seguirá este año, con una estimación de 3.000 menos, un 3%. Así, en 2014 hubo en España casi 35.000 solicitudes menos que en 2013, lo que supone una reducción del 4%. En Castilla y León, fueron 5.000 menos, lo que representa una bajada del 5%.
En cuanto al decreto que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias y que tiene como objetivos la creación de esta figura como órgano de interlocución y toma de decisiones entre todos los agentes de este sector, recoge que son órganos con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro y que pueden representar a uno o varios sectores o productos un grado de implantación significativa. Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, como fija la ley Agraria, deberán contar con al menos el 51% de las producciones afectadas en todas y en cada una de las ramas profesionales, como producción, transformación o comercialización.