Ocho desafíos para el campo

El 2017 arrastra problemas antiguos y encara con incertidumbre otros nuevos, como el final de las cuotas en el sector remolachero-azucarero a partir del próximo mes de octubre. Existe cierta inquietud sobre la evolución del mercado, el compromiso de siembra por parte de los agricultores y el de la industria, con un horizonte de estabilidad, al menos, hasta 2020. Sin duda, el anunciado impuesto por parte del Gobierno a las bebidas azucaradas ha supuesto un zarpazo a un sector estratégico en Castilla y León que afronta un momento delicado y «crucial».

A la liberalización del sector del azúcar hay que sumar además un escenario de bajos precios, que sigue siendo la gran preocupación de los profesionales y de las organizaciones agrarias. Las buenas producciones de la pasada campaña, en el caso del cereal, no ofrecieron la rentabilidad esperada a los agricultores debido precisamente a una tendencia de precios a la baja con valores que no se espera vayan a remontar hasta el primer trimestre de este año, según los expertos. Todo ello, sin olvidar la subida de los insumos.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, la Renta Agraria experimentó en 2016 un crecimiento del 5% respecto al año anterior, alcanzando un valor de 25.255 millones de euros. Circunstancia que el sector atribuye a la existencia de menos activos y a una mayor producción, y «no a unos mejores precios percibidos por el agricultor». Y es que no hay que olvidar que el año comienza aún sin cambios perceptibles, por ejemplo, para el sector lácteo. El vacuno sigue perdiendo activos y, aunque recupera muy ligeramente los precios, éstos siguen sin cubrir los costes de producción, lo que está arrastrando al ovino y caprino, que arrancan el año de forma «negativa».

El sector agrario en Castilla y León pide «rentabilidad» y exige a las administraciones que actúen y abandone el «inmovilismo» actual, en aspectos como el desarrollo de La Ley Agraria. Se considera «fundamental» en este caso todo lo que tiene que ver con la cadena alimentaria y la posición de cada uno de los agentes para evitar los «abusos. Un desequlibrio que no favorece tampoco el relevo en un campo que sigue apostando por la incorporación de jóvenes y mujeres.

El año finalizará, por otra parte, con una nueva cita electoral, las elecciones agrarias que se espera se convoquen previsiblemente a finales de 2017 en Castilla y León. La consulta medirá la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

Rentabilidad

La crisis de precios volverá a marcar las reivindicaciones de las organizaciones agrarias este año. El trigo, la cebada, o el maíz presentan valores más bajos que la campaña pasada, con ligeros repuntes. El porcino logró remontar gracias al mercado chino, mientras que productos como la miel, la carne de conejo o la leche de vaca, oveja y cabra sigue por debajo de los costes de producción.

La Alianza UPA-COAG sigue inmersa en una campaña de movilizaciones para exigir «precios justos», después de que en 2016 el sector perdiera, según sus datos, 843 millones de euros. Caen los precios en origen y muchas explotaciones siguen cerrando. Desde Asaja, por su parte, sigue en el aire el anuncio de una gran movilización en el campo español en la primavera de 2017 si no se ofrece solución a los problemas del sector. Soluciones que pasan por un sector «rentable» para los agricultores y ganaderos.

Las Opas denuncian los abusos de poder, especialmente en el sector ganadero, y reclaman una mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria para paliar el «desequilibrio» actual. Tras el final de la interinidad política que ha presidido el último año, aseguran que ya no hay excusas para activar acuerdos como el lácteo, según Asaja, o sentar a todas las partes para garantizar contratos que cubran los costes de producción, como piden desde la UCCL. Precisamente, con la intención de hacer frente a la volatilidad del mercado se sigue trabajando en la Interprofesional de la Patata en Castilla y León. Las Opas siguen recabando apoyos para que la Junta reconozca oficialmente este nuevo instrumento. Un empeño que no está resultando sencillo.

Remolacha

El sector remolachero-azucarero afronta este 2017 la primera campaña de siembras sin cuotas. La «incertidumbre» en torno a la liberalización de un cultivo estratégico en Castilla y León, y con un precio estable hasta 2020, se ha avivado gracias al anuncio del nuevo gravamen propuesto por el Gobierno para las bebidas azucaradas, a las que se destina una cuarta parte del azúcar que se produce en la Comunidad. El sector ha mostrado su rotunda oposición y ha pedido su retirada o, si el impuesto sale adelante, que revierta en el sector.

Hay inquietud sobre los efectos de esta medida en un momento «clave». La superficie de remolacha disminuyó este año debido a las condiciones de siembra, hasta las 22.500 hectáreas, aunque el objetivo es superar las 30.000 en la zona norte en 2017, un reto que no será fácil. El tiempo volverá a definir si éste vuelve a ser o no un año de contrastes, en el que, por ejemplo, La Bañeza hará dos campañas, la segunda a mediados de febrero para recoger la remolacha tardía.

Por otra parte, no hay que olvidar la sentencia que obliga a la Junta a pagar a 5.315 agricultores de Castilla y León los tres euros por tonelada de la ayuda a la remolacha de la campaña 2011-2012 suspendida en su día. Un pago que deberá hacerse con intereses, tras la victoria de la Alianza UPA-COAG en los tribunales. Sentencia que la administración autonómica ha recurrido.

Sector lácteo

Los bajos precios siguen siendo la tónica dominante. Las medidas de Europa para reducir la oferta de leche en el mercado y los «repuntes» moderados no están siendo percibidos por los ganaderos que trabajan por debajo de costes. Los precios subieron en noviembre hasta los 0,31 euros el litro, aunque la primera subasta de Fonterra de 2017 refleja una bajada de los valores de los productos lácteos de casi el 4%. Además, según los últimos datos del Fega hay 91 ganaderos menos con entregas desde principios de 2016.

Y lo peor, es que la situación del vacuno ha arrastrado al ovino y caprino, con problemas incluso para formalizar contratos estables e incluso de recogida, lo que nunca había ocurrido en pasadas crisis. El ovino ha visto reducido los precios en unos 30 céntimos respecto al año pasado. Y es que el sector denuncia la introducción de un mayor porcentaje de leche de vaca en los quesos de mezcla. La industria sigue mandando, a pesar del ‘paquete lácteo’.

Ley agraria

Hasta el momento se han publicado seis decretos legislativos, como recuerda Asaja, aunque el sector insiste en que el desarrollo de la Ley Agraria es «demasiado lento». Y es que en 2017 se cumplirán tres años de su puesta en vigor. Las organizaciones reclaman la rápida aprobación del borrador de concentración parcelaria, como se ha prometido desde la administración, y actuaciones, especialmente, en relación a la cadena alimentaria.

Las organizaciones consideran «urgente» el desarrollo de la figura del Defensor de la Cadena y de la Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios. Junta y Ministerio se comprometían recientemente a coordinarse en esa materia y mantener reuniones sectoriales en los próximos meses «para multiplicar el efecto de regulación de la cadena».

PAC

El Gobierno va a comenzar a trabajar para consensuar una postura común en torno al futuro de la PAC, más allá del 2020. A finales de año el Ejecutivo aprobaba algunos ‘reajustes’ para la campaña 2017 que pretenden suponer una «mejor aplicación y eficacia en la gestión de estas ayudas» . Ahora se pone el punto de mira ya en una posición española de cara a la futura reforma. Para ello habrá una gran conferencia que reunirá al sector en el primer trimestre del año, como ha confirmado la ministra de Agricultura.

En Castilla y León, 79.507 agricultores cobraron en 2016 las ayudas de la PAC, cerca de un 6% menos que la campaña anterior.

El sector insiste en primar a los agricultores y ganaderos profesionales, y a que se recuperen los instrumentos de regulación de los mercados que se han ido desmantelando. En cuanto al PDR, se denuncia el retraso en la resolución de las ayudas y se piden más facilidades para facilitar las incorporaciones. En el marco del nuevo PDR se deberán acometer además importantes mejoras en infraestructuras esenciales para un campo competitivo, en materia de regadíos y concentraciones.

Fauna salvaje

Los problemas con la fauna salvaje son una realidad incontestable en Castilla y León. Y eso atañe no solo al lobo. Las organizaciones agrarias, que reconocen la sensibilidad de Medio Ambiente, exigen un mayor control de estos animales cuyas poblaciones «crecen sin control» (jabalíes, corzos…), y causan graves destrozos en las explotaciones y, también, accidentes en las carreteras. Por eso piden a la administración que compense los daños causados.

En relación al lobo, una vez que Bruselas descarta el cambio de estatus al sur del Duero, habrá que estar pendiente del Plan de Acción propuesto para mejorar el control de esta especie, con una población creciente. Se promete cierta «flexibilidad» para mejorar la gestión. El Plan pretende introducirse este 2017. Por otra parte, esta falta de control de la fauna silvestre está ocasionando también, según las Opas, problemas con la sanidad animal, ya que son transmisores de la brucelosis y la tuberculosis

Plagas y rastrojos

El 2017 arranca pendientes de la plaga de topillos en Castilla y León. Hay siete focos declarados y las Opas piden urgencia en el desarrollo de las medidas. Conscientes, como dicen los expertos, de que el topillo formará parte «un largo tiempo» de nuestro paisaje agrario, la actuación en estos meses será «clave» en las ‘zonas calientes’ para evitar la expansión de estos roedores. Sin olvidar la polémica sobre el uso del rodenticida, que cuestionan los conservacionistas,que abogan por un control biológico del topillo.

En cuanto a la quema de rastrojos, esta campaña será la segunda en la que se lleve a cabo esta media fitosanitaria. En 2016 solo se actuó en 30.000 de las 150.000 hectáreas previstas. El sector demanda mayor flexibilidad dentro de la excepcionalidad que concede Europa.

Elecciones

El 2017 será previsiblemente el año de las elecciones agrarias. Se abre una nueva modalidad sin que intervengan las cámaras agrarias. Si se cumple lo previsto, será una consulta a finales de año para definir la representatividad de las organizaciones agrarias, en la que se votará a pie de urna y no por Internet, como había previsto inicialmente la Junta. El objetivo es «una mayor legitimidad de las Opas en el sector agrario».