En marcha el reglamento para aplicar la cláusula de arbitraje

La Junta de Arbitraje y Mediación se reunió esta semana para poner en marcha esa cláusula de mediación que facilitará las relaciones de los distintos actores de los contratos agrarios: productores, industria de transformación y comercializadores. En la sesión la Junta aprobó el reglamento organizativo por el que se regirá su funcionamiento. Una importante decisión en la que estuvo presente la directora general de la Cadena Alimentaria, Gema Marcos. La ‘luz verde’ al documento supone «un importante paso adelante para acercar el arbitraje y la mediación a las distintas partes que participan en los contratos agrarios», informaron fuentes de la Administración autonómica.

El reglamento organizativo regula aspectos como la periodicidad de las sesiones, el régimen de adopción de acuerdos, la redacción de actas y el régimen de funcionamiento, en el que la Junta de Arbitraje y Mediación se configura como un órgano de intermediación entre las partes que suscriben contratos agrarios y las instituciones de arbitraje y mediación.

Una página ‘web’ facilitará el acceso a esta alternativa de resolución de conflictos

En la reunión, que se celebró en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la directora general de la Cadena Alimentaria anunció también la celebración, de manera inminente, de un curso de formación específica en arbitraje y mediación agraria dirigido a los profesionales encargados de participar y resolver las discrepancias contractuales surgidas entre las partes contratantes.

También informó Marcos acerca de los trabajos que están realizando los técnicos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para actualizar el sitio web de la Junta de Arbitraje y Mediación con el fin de facilitar a los interesados el acceso a estas formas alternativas de resolución de los conflictos.

Desarrollo

El desarrollo reglamentario sobre la Junta de Arbitraje y Mediación que prevé el Decreto 47/2018 de 31 de octubre, concibe a ésta como un órgano vinculado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, al que se atribuyen funciones de propuesta relacionadas con la práctica del arbitraje y de la mediación en los contratos agrarios. Presidió la reciente constitución de este organismo el consejero del área, Jesús Julio Carnero.

El Decreto 47/2018 de 31 de octubre, se promulgó como consecuencia de lo establecido en la Ley 1/2014 de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. Concretamente su capítulo IV, Arbitraje y mediación en la cadena alimentaria, consagra en su artículo 170 los principios de actuación administrativa respecto a estas fórmulas de resolución de litigios que puedan surgir entre los agentes de la cadena de valor agroalimentaria vinculados por un contrato agrario. Y en su artículo 171 proyecta la creación de una Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios, que ha de convertirse en el punto de apoyo para que la Administración pueda desarrollar de forma eficaz las funciones que la Ley Agraria le atribuye.

Aunque el arbitraje y la mediación están regulados mediante leyes estatales, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y más concretamente su Dirección General de la Cadena Alimentaria, puede ofrecer un buen servicio a las partes implicadas propiciando su uso de forma habitual y colaborando e impulsando en la especialización del arbitraje y la mediación en los ámbitos agrario y agroalimentario, sectores en continua adaptación a las nuevas condiciones de mercado y que deben adaptarse a métodos de producción compatibles y comprometidos con el medio ambiente.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) acogen los primeros pasos de la Junta de Arbitraje y Mediación como una buena noticia, ya que se trata de la materialización de una herramienta prevista en la nueva Ley Agraria y que estaba pendiente de desarrollo desde hacía un lustro.

El coordinador de la alianza Upa-Coag Castilla y León, Aurelio González, remarcó, cuando se daban los primeros pasos para constituir la Junta de Arbitraje y Mediación, que la entidad llevaba reclamando este organismo, y la cláusula puesta en macha, desde que se aprobó la Ley Agraria de Castilla y León.

«Siempre hemos venido diciendo que faltaba la figura del mediador», aseguró en respuesta a este periódico. González hizo hincapié en que existen «muchos conflictos» en los contratos agrarios, ya que en muchas ocasiones «los agricultores y ganaderos se ven obligados a firmar unos contratos bastante restrictivos en cuanto a los precios».

Por su parte el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, apuntó que la Ley Agraria que lo contempla «se aprobó por consenso de todos los grupos políticos y las organizaciones agrarias». Además «es necesario que haya un defensor de la cadena alimentaria, para que vele por el cumplimiento de las normas entre las partes». Y es que, subrayó el representante de la Opa, «la historia nos dice que siempre el engañado entre esas partes es el productor».

Más crítico se mostró el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, quien demandó en su día más explicaciones sobre «la mecánica y las expectativas», aun cuando reconoció que la herramienta «puede ser buena si hay voluntad política».