Las Opas, ‘en guardia’ ante los perjuicios del estado de alarma

La declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus ha llevado a la paralización de un buen número de actividades, no así de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, el frenazo de otros sectores sí afecta a algunas explotaciones, como las de ganado ovino, con mucha menor salida por el cierre del canal de la restauración.

El agricultor debe enfrentarse ahora a un conjunto de perjuicios que han puesto ‘en guardia’ a las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas), que vienen lanzando en los últimos días distintos mensajes a las administraciones.

Así, Asaja ha puesto de manifiesto, sobre la apertura del plazo de presentación de las declaraciones de IRPF y patrimonio de 2019, que el Ministerio de Hacienda «no ha respondido a la petición de que reconsidere el plazo y lo prologue lo que sea necesario para no perjudicar la tramitación». La Organización ha pedido a Hacienda que reconsidere el mantenimiento del plazo de presentación de declaraciones en el periodo habitual «y lo adapte al momento excepcional que vive nuestro país por la pandemia del Covid-19». 

Por otra parte, «Hacienda tiene pendiente la publicación de la normativa específica que modificará en parte los módulos que se aplican al sector, a causa de las adversidades climáticas de 2019, principalmente la sequía que golpeó de nuevo a Castilla y León», explicó la entidad. «Sin conocer estas modificaciones, es igualmente imposible comenzar a tramitar declaraciones», lamentó Asaja.

El argumento, ofrecido por la Administración tributaria, para mantener el fin del plazo en el 30 de junio de que casi el 88% de las declaraciones se presentan por internet «puede inducir a engaño», señala la Opa. «En el caso de los agricultores y ganaderos, como en el de otros muchos autónomos, la declaración es muy compleja y se tramita con el apoyo de servicios de asesoría fiscal, como los que ofrecen las organizaciones profesionales agrarias». 

«Aunque finalmente se registre por medios digitales (y así es en la mayoría de las cerca de 70.000 declaraciones que el sector presenta cada campaña), en casi todos los casos se requiere de atención presencial que, en estos momentos, y mientras se mantengan las medidas de alerta, no puede ofrecerse con normalidad», advierte la Organización agraria.

Faltan medidas

Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), considera «totalmente insuficientes» las medidas anunciadas por la Comisión Europea para apoyar al sector agroalimentario. «Las podemos resumir en la ampliación del plazo para las solicitudes de pago de la PAC, hasta el 15 de junio; mayores anticipos de los pagos (pasa del 50% al 70% en el primer pilar, y del 75% al 85% en el segundo) y reducción de los controles sobre el terreno y del margen de maniobra para los plazos», apuntó la Opa.

Por ello, UCCL se preguntó cuáles son las medidas especiales que se han puesto en marcha para hacer frente a las consecuencias del cierre de los canales de distribución de alimentos. «La respuesta es clara: ninguna», señaló. «UCCL quiere trasmitir que las medidas anunciadas por la Comisión vienen a ser prácticamente las mismas medidas que se tuvieron que aplicar, por ejemplo en el año 2017 a consecuencia de la extrema sequía vivida», lamentó.

El anticipo de las ayudas directas del primer pilar de la PAC pasando del 50 al 70%, permitirá tener una mayor liquidez, opina la Opa, «pero no soluciona el problemón que se están encontrando las explotaciones de porcino, ovino y caprino ante la falta de mercado». En sus explotaciones «no tienen sitio para mantener los nacimientos, que en su gran mayoría se destinaban al Canal Horeca».

«La promoción de consumo de cochinillos, lechazos y cabritos nos parece bien, pero desgraciadamente es una medida insuficiente, y los datos lo demuestran», añadió UCCL. 

Según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la semana 12 de este año se han registrado alzas en el consumo de carne fresca en relación con el mismo periodo de 2019, con crecimientos superiores al 20% en carne de pollo y cerdo. Sin embargo, se ha producido una caída significativa en el consumo de carne de ovino del 25%. «El consumo de cochinillos y cabritos ni siquiera aparece, probablemente al considerarse insignificante».

UCCL considera «fundamental» que la Comisión Europea «permita la articulación  de las ayudas al almacenamiento privado de lechazos, cochinillos y cabritos, siempre vinculadas al coste de producción, para garantizar que estos subsectores se vean abocados al cierre de sus explotaciones». La Opa pidió al presidente de la Junta de Castilla yLeón la articulación de esas subvenciones. 

Especulación

La Unión de Pequeños Agricultores (Upa) se unió a la lista de demandas a las distintas administraciones, para alertar sobre la variación del precio de los alimentos: «Quien utilice el estado de alarma para especular deberá ser perseguido y sancionado», advirtió, ante «ciertos movimientos injustificados de precios en origen que se empiezan a sentir en el sector».

Upa aseguró que está «monitorizando al detalle los movimientos de precios en origen de todos los productos agrícolas y ganaderos». El objetivo es «evitar cualquier tipo de especulación por parte de agentes de la cadena agroalimentaria que podrían sentir la tentación de hundir ciertas cotizaciones de forma injustificada». La Opa aseguró que cualquier movimiento especulativo «será denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) para que actúe con contundencia».

Además, Upa denunció la pasada semana la entrada a Castilla y León de una partida de «al menos 1.537 lechazos de origen francés,  con destino al matadero, para darlos salida cuando la demanda del mercado así lo requiera». Una operación «que pone en evidencia la catadura moral de quien en una situación crítica como la actual para los productores castellanos y leoneses sigue mirando exclusivamente por sus intereses económicos».