El nuevo Plan Hidrológico de la CHD origina una riada de alegaciones

El proyecto del nuevo Plan Hidrológico que tramita la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no gusta los agentes de la agricultura y la ganadería. Muestra de ello es la gran contestación que ha cosechado el documento preliminar, titulado ‘Esquema provisional de temas importantes’ (EpTI). Terminado el periodo de exposición pública, el pasado 30 de octubre, ha recibido nada menos que 819 escritos de alegaciones.

La CHD comunicó el pasado jueves que estudiará «todas las alegaciones para incorporar aquellas que se consideren adecuadas para la mejora del documento» y que el EpTI definitivo se someterá «al informe preceptivo del Consejo del Agua de la demarcación hidrográfica, de acuerdo con el Reglamento de Planificación Hidrológica».

El organismo de cuenca valora el alto número de alegaciones, sin embargo, no como una amplia oposición sino como «un alto grado de participación» en el proceso de consulta pública. De los 819 escritos registrados, 770 «reiteran alguno de los 49 identificados como distintos», asegura la Confederación.

El objetivo del proceso de consulta, «abierto y consensuado en torno a los principales problemas de la demarcación», explica la entidad, «es hacer compatible el cumplimiento de los objetivos ambientales y la satisfacción de las demandas para los diferentes usos del agua».

Satisfacción que, a la vista de algunos de los documentos, está lejos de cumplirse. El que aúna más agentes del sector es el trabajo liderado por el Colegio de Ingenieros Agrícolas Castilla-Duero –con el apoyo de su homólogo de León–, y la Diputación de Valladolid, un documento que ha contado con la participación de 20 colectivos agrícolas y sociales, que se oponen frontalmente a la reforma del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la rama Agrícola Castilla-Duero, Gumersindo Sanabria, y el diputado de Asesoramiento a Municipios de esa Corporación provincial, Fernando Esteban, presentaron el documento resultante de los contactos entre la Diputación de Valladolid, el Colegio, las organizaciones agrarias, la Cámara Agraria Provincial; las comunidades de regantes, las mancomunidades, la Unión de Cooperativas (Urcacyl), medios de comunicación especializados y otros profesionales del sector. Entre los firmantes están Asaja, UCCL, Coag y la Asociación de Aguas Subterráneas de Castilla y León.

El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas Castilla–Duero, el más grande de Castilla y León y que integra a las provincias de Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora –al que se une en estas alegaciones el Colegio de León–, es tajante en su introducción a las alegaciones: «El borrador del tercer ciclo de planificación para los años 2021-2027 mantiene propuestas que venían recogidas en el anterior plan hidrológico. Dichas propuestas y objetivos no han sido llevadas a cabo por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero durante el periodo 2015-2021», critica.

Y es que los objetivos propuestos «no han sido debidamente estudiados». Por ello, además de no haberse cometido, «serán imposibles de poner en práctica, ya que no son viables» pues «falta presupuesto» o, simplemente, «no se ajustan a la realidad del mundo rural en el que se pretenden implantar».

A juicio del Colegio, en la propuesta de la CHD «no se aborda en ningún momento la problemática que tiene el mundo rural». Además, «no se estudian adecuadamente las actividades socioeconómicas, agrarias, ganaderas, agroindustriales, silvícolas, y sobre todo las humanas que se desarrollan en el mismo» y «no se da una solución al reto demográfico y despoblación de los mismos».

«Se pretende criminalizar ante la sociedad a agricultores, ganaderos y medio rural»

El documento tumba la propuesta de Plan Hidrológico porque, a juicio del Colegio de Agrícolas, «se pretende criminalizar a los actores que viven en él y se intenta hacer culpable ante la sociedad a los agricultores y ganaderos, así como en general a las personas que viven y desarrollan su actividad ligada dentro del mundo rural; acusándoles de manera directa e indirecta del mal estado cuantitativo de las aguas y de la mala calidad de suelos y aguas de la cuenca del Duero».

Igualmente contundente en la introducción es otra de las afirmaciones de los técnicos agrícolas: «Vemos cómo todas las medidas y objetivos propuestos en dicho Plan van encaminadas al despoblamiento del mundo agrario y consecuentemente una vez eliminada la carga social se eliminará la carga ambiental que efectúan dichas personas con su actividad agraria, ganadera e industrial sobre el medio ambiental».

Por ello, los técnicos del sector se encuentran «presenciando estupefactos cómo las líneas maestras del nuevo Plan Hidrológico, así como los objetivos que se recogen por parte del Ministerio al que pertenece la CHD, van encaminados a que el Reto Demográfico sea el mínimo posible; al impedimento del desarrollo de sus actividades, y consecuentemente a la destrucción de su tejido productivo, así como a la desaparición de la actual forma de vida en el mundo y medio rural».

Por ello, el Colegio propone efectuar un resumen «real y veraz» de la situación, para plantear unos objetivos reales, no como las medidas contenidas ahora en el Plan, que «van en contra de la población rural y en contra de las actividades agrícolas y ganaderas de se desarrollan en el campo», zanja la entidad. Por ello hay que «realizar una valoración exacta de los recursos reales de la masa de agua superficial y subterránea».

Un Plan, en fin, que «carece de medidas ambiciosas de investigación de nuevas fuentes y recursos de agua, y básicamente es un plan represor en su obstinada forma de ver el consumo y limitar la gestión del agua», ya que «todas las medidas van encaminas a recaudar y a sancionar por el consumo de la misma».

Contaminación difusa

En cuanto a las alegaciones concretas al primer punto del EpTI, el escrito considera que a la hora de definir el problema de la contaminación difusa «se siguen mencionando los resultados del balance de nitrógeno de la agricultura  con una metodología que no puede medir la eficiencia del uso del fertilizante». Las acciones que se diseñen «deben buscar la optimización del uso de los fertilizantes y los residuos bajo la premisa del mantenimiento de la actividad y su rentabilidad agraria». 

En cuanto a la naturaleza y origen del problema, cuando el EpTI indica «otras fuentes de contaminación difusa», no se localizan estas presiones como sí lo están las teóricamente derivadas de la actividad agraria. «Si queremos atajar el problema deberemos diferenciar las procedencias», remarcan.

Por ello se proponen medidas como separar el origen del nitrógeno en las redes de control, investigar posibles fuentes puntuales de contaminación u otras fuentes no agrarias, y optimizar la ubicación de terrenos colindantes con el Dominio Público Hidráulico (DPH) en los procesos de concentración parcelaria.

Por otra parte, la propuesta de Incluir en el Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma el impulso de sistemas de dosificación variable de fertilizantes, como sistemas de autoguiado de máquinas y corte de tramos, el documento propone el incremento económico de las actuales líneas de ayuda ministeriales que ya incluyen este tipo de máquinas, y mayor facilidad en la tramitación de las mismas.

No obstante, el documento advierte que son necesarias «unas dosis adecuadas de fertilizantes y la tecnología necesaria» para ello, para lo que es fundamental «avanzar en la modernización de las explotaciones en cuanto al regadío y la fertirrigación».

Uso de las aguas

Las alegaciones al apartado de uso sostenible de las aguas advierten que las medidas más importantes contenidas en la planificación hidrológica anterior «no se han ejecutado» e inciden en la importancia que tiene el uso de recursos subterráneos «para el mantenimiento de la actividad socioeconómica de la actividad agraria».

Así, la satisfacción de las demandas ha de hacerse «de tal manera que no suponga una merma en los aprovechamientos con concesión de agua actuales», ya que esto supondría «una pérdida de la capacidad de mantenimiento de la actividad y de la población en estas zonas del medio rural». 

Cualquier alternativa «debe tener como objetivo prioritario este mantenimiento de la actividad productiva actual», e incorporar la «perspectiva del reto demográfico». Para ello, el Colegio y todas las entidades firmantes proponen llegar a un conocimiento exacto de la situación actual de los valores del recurso disponible, regularizar la situación concesional. y reducir las extracciones de aguas subterráneas mediante la sustitución de bombeos en aquellas zonas donde sea posible la utilización de los recursos superficiales.

También se propone la constitución de comunidades de regantes de aguas subterráneas, poniendo sobre el terreno medidas de planificación que permitan la sostenibilidad, «con su correspondiente financiación pública para llevarlas a cabo».

El trabajo contiene un amplio apartado dedicada a a la valoración del agua disponible y de las extracciones, una valoración que «en ningún caso debe hacer un análisis excesivamente alarmista». Así, subraya que en aquellas masas de agua donde se venía trabajando de forma más intensa, y donde ha habido por norma general más restricciones, (como Tordesillas, Los Arenales, Medina del Campo y Tierra del Vino), «los índices de explotación se han mantenido estables y la tendencia de los niveles piezométricos es creciente en los últimos diez años». 

El documento demanda que se hagan estudios hidrogeológicos en los que «de forma pública y accesible a todos los interesados» se analice «la situación real de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación», información que «sigue siendo escasa». Un proceso fundamental ya que «en determinados términos municipales se declara un índice de explotación que la experiencia nos muestra como erróneo», advierten los técnicos.

Por ello, el Colegio señala a las comunidades de regantes como «el instrumento que mejor permite llevar a cabo este procedimiento» y pide que «se las dote de los medios y apoyos necesarios para proceder a su ejecución». Un apoyo que «deberá aportar la CHD».

La situación concesional es otro de los caballos de batalla de agricultores y ganaderos. «Expresamos la necesidad de facilitar al usuario la regularización de los diferentes derechos inscritos mediante procesos jurídicamente seguros y eficaces pero con una tramitación sencilla y breve», demandan los firmantes de las alegaciones. «Junto con un registro actualizado y corregido con datos reales, permitirá disponer de una información actualizada y fiable».

Eso sí, «en ningún caso esta regularización debe amparar los ‘peajes’ que se proponen» en el EpTI, ya que «supondrían una penalización a aquel usuario que pretende la adaptación del aprovechamiento a la legalidad vigente».