Las Opas piden despenalizar el uso no comercial de semillas protegidas

Una agricultora abulense ha sido condenada la pasada semana a seis meses de cárcel por haber cedido a otro agricultor grano para siembra de la variedad de trigo blando ‘Berdún’. No es un caso aislado. Tras la modificación efectuada en el Código Penal en 2015, la explotación no autorizada de variedades vegetales protegidas –lo que incluye las operaciones de acondicionamiento de grano para siembra no ajustadas a la normativa vigente–, constituye un delito castigado hasta con tres años de prisión.

La legislación, que busca proteger la propiedad industrial, puede llevar a sanciones que el sector considera desproporcionadas, puesto que los agricultores no pueden utilizar grano de su propia cosecha en su propia explotación o, como en el caso de la agricultora, ceder grano a otro agricultor, aunque no haya pago de un precio y la cesión no tenga ninguna finalidad comercial.

Se trata de una de las reivindicaciones históricas de las Organizaciones Profesionales Agrarias, y así lo ha puesto de manifiesto estos días la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). La Opa salió al paso de la sentencia y consideró «desproporcionadas» las penas de prisión impuestas «por el uso no comercial de semillas protegidas por royalties». En el mismo acto pidió «una reforma de la legislación que afecta a estos derechos».

Desde «el respeto a las decisiones del Poder Judicial», UCCL estima «absolutamente desproporcionado el tratamiento que dispensa el Código Penal en relación a los fines agrarios de material vegetal protegido por derechos de propiedad, estableciendo penas que pueden llegar de 1 a 3 años de prisión y equiparando la posible condena a los agricultores que las usen exclusivamente en su explotación o sin fines lucrativos, con el de las empresas que las comercialicen de forma masiva». 

Y es que, a juicio de la Organización, «estamos todo el día escuchando hablar de despenalizaciones, indultos y amnistías y tenemos leyes que pueden mandar a los agricultores a la cárcel por usar en su campo semillas de su propia cosecha». Por eso, UCCL recordó que se opuso a la reforma del Código Penal de 2015, por establecer la misma gravedad y las mismas penas como delito contra la propiedad intelectual el uso, ya sea agrario o comercial, de material vegetal protegido por derechos de obtentor sin autorización del propietario. «Esto es totalmente injusto porque no es igual el perjuicio que se ocasiona en un caso o en otro», señalan.

Los representantes de la organización y a la cabeza su coordinador, Jesús Manuel González Palacín, estiman razonable que los obtentores reciban una remuneración por su labor de investigación que permite a los agricultores obtener mejores cosechas, «pero considera que hay que revisar la legislación, porque comprar semilla certificada no te puede condenar a estar pagando cada vez que dejas simiente o llevarte a la cárcel si le haces un favor a un vecino», insisten.

Excepciones

La organización recuerda además que se ha de tener presente que tanto la normativa comunitaria (Reglamento 1768/95 de la Unión Europea) como la legislación española (Ley 3/2000 y Real Decreto 1261/2005) establece excepciones al derecho del obtentor de variedades vegetales para los productores agrarios.

La sentencia dictada contra la agricultora abulense por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ávila, considera probado que cedió una variedad protegida de trigo blando ‘Berdún’, lo que supone un delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artículo 274.4 del Código Penal, y como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila sobre diferentes agricultores y entidades acondicionadoras de grano de la provincia.

La Sentencia, que es firme, por lo que no cabe recurso alguno contra ella, condena a la agricultora a la pena de 6 meses de prisión, al pago de indemnización por los daños y perjuicios causados, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de la mitad de las costas procesales comunes.

Así lo explicó Geslive, una empresa que presta servicios profesionales a los obtentores de nuevas variedades vegetales: «La producción y comercio de semillas y plantas es una actividad regulada y sujeta a autorización y control administrativo, que debe situarse dentro de un Sistema de Certificación reconocido. Por ello, el comercio fuera del sistema de certificación se considera ilegal».

Caso distinto en cuanto a carga reprobable fueron las dos últimas sentencias dictadas contra agricultores de la Comunidad autónoma. A ocho meses de prisión fue condenado en noviembre de 2020 un agricultor de la provincia de León por haber falsificado la denominación de una variedad de trigo blando protegida. 

En el mes de julio anterior fueron condenados a seis meses de prisión los representantes legales de una sociedad de transformación agraria y una entidad acondicionadora de grano de Burgos, que hacía figurar en la documentación la denominación de la variedad vegetal no protegida de cebada ‘Illico’ en lugar de la denominación la variedad vegetal protegida, ‘Carat’.