Apuesta en firme por el ecológico

Con 88.333 hectáreas de agricultura ecológica Castilla y León se ha marcado como objetivo duplicar esta superficie en los próximos cinco años y alcanzar las 150.000 hectáreas certificadas. Para ello, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ya anunció que va a lanzar en el último trimestre de este año una convocatoria de ayudas para las medidas agroambientales y de agricultura ecológica para titulares de explotaciones agrarias en el marco del nuevo Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Y Soria posee 3.939,79 hectáreas susceptibles de acogerse a esta línea.

Según los datos de la Consejería, una tercera parte de la superficie ecológica en la provincia es se dedica al cultivo de cereal, 1.211,60 hectáreas. Hay otras 981,37 hectáreas para pastos, 781,95 hectáreas donde se siembran leguminosas forrajeras y otras 470,82 hectáreas de oleaginosas. Además, otras 226,32 hectáreas de leguminosas para consumo animal, 109,41 hectáreas de leguminosas para consumo humano, 14 hectáreas de patatas, 12,13 hectáreas de encinas truferas, 5,03 hectáreas de viñedo para vinificación, 4,76 hectáreas de frambuesas, y 3,19 hectáreas de frutos de cáscara. El resto, 119,15 hectáreas, se reservan en barbecho. 

Lo cierto es que en menos de una década Castilla y León ha triplicado su superficie dedicada a agricultura ecológica y son ya 1.698 operadores. Al cierre del año pasado había en la Comunidad 88.333 hectáreas, más del doble de las fincas que había en 2017, 42.659 hectáreas. Y en 2013 se cuantificaron un total de 33.247 hectáreas, lo que da una idea del repunte de estos cultivos. 

Y es que el mayor impulso lo ha experimentado desde hace cinco años, gracias a la implicación de la Junta a través de su Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León, que ha supuesto un apoyo más visible, dando un impulso para la realización de acciones para la información, difusión y apoyo a la producción ecológica, entre otras, mediante jornadas, ensayos, mercados locales ecológicos, cursos y ayudas a los costes de producción.

Según la superficie ecológica certificada o en fase de certificación es Valladolid la provincia líder, con 18.762 de las 88.333 hectáreas de toda la Comunidad. Le sigue Zamora, con 17.392 hectáreas, León, con 12.610 hectáreas, y Burgos, con 11.524. En quinto lugar, Palencia, con 7.474 hectáreas, y por detrás, Segovia, con 5.257 hectáreas, Salamanca, con 5.179 hectáreas, y Soria y Ávila, con 5.120 y 5.015 hectáreas, respectivamente.

Para el nuevo periodo de programación europeo 2023-2027 se han definido, dentro del Plan Estratégico de la nueva PAC, diferentes medidas agroambientales y se ha reforzado la medida de agricultura ecológica. Se trata de contratos de cinco años de duración en los cuales el titular se compromete a llevar a cabo diferentes prácticas agroambientales o ecológicas que contribuyen a la sostenibilidad y conservación medioambiental y, en contraprestación, se les concede una ayuda cofinanciada por fondos europeos al 50% que compensa la pérdida de ingresos o el incremento de costes que suponen dichas prácticas. Los compromisos serían asumidos por el agricultor a partir del año 2023.

La medida de agricultura ecológica persigue el objetivo de obtener alimentos más naturales para el consumidor a la vez que se respeta el medio ambiente con prácticas agrícolas más sostenibles y respetuosas con la fertilidad de los suelos.

Con la intención de avanzar en esa línea, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha marcado el objetivo de aumentar la superficie ecológica en Castilla y León hasta alcanzar las 150.000 hectáreas.

El control de los productos certificados es un aspecto fundamental, ya que los ciudadanos exigen cada vez más garantía de que lo que compran se corresponde exactamente con lo que les han ofrecido, convirtiéndose en el centro de la cadena agroalimentaria. Los productores, por su parte, también muestran cada día más interés en proteger sus productos con vistas a garantizar la confianza del ciudadano. La producción ecológica certificada responde a ambas cuestiones.

Para dar el paso a la producción ecológica lo primero y fundamental es que el operador conozca los requisitos establecidos en los reglamentos de aplicación y que esté convencido y crea en este sistema de producción, ya que el manejo de una finca o una granja en ecológico es muy distinto a convencional.

Una vez tomada la decisión de trabajar en ecológico, tendrá que ponerse en contacto con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), la autoridad competente que regula la autorización de Organismos de Control y la inscripción en el Registro General de Operadores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y los controles que se realicen se llevan a cabo por el Consejo de la Agricultura Ecológica de Castilla y León (Caecyl).

Y es que la preocupación social por la conservación y recuperación del medio ambiente cada vez es mayor, de ahí la apuesta por la producción ecológica (tanto agrícola como ganadera), dado que se trata de un sistema agrario que, mediante la utilización de técnicas de conservación y mejora de la calidad de suelo, favorece el ecosistema, de forma que consigue obtener alimentos de máxima calidad nutritiva respetando el medio, sin la utilización de productos químicos de síntesis y consiguiendo de esta manera ecosistemas social y ecológicamente sostenibles.

El sistema de producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y de producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y calidad y seguridad alimentaria, obteniendo productos a partir de sustancias y procesos naturales. Así pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los clientes, que apuestan por un consumo más responsable y de productos de proximidad y más sostenibles y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, el bienestar animal y al desarrollo rural.