La sequía marca un año en el que se acentúa la crisis ganadera

Año continuista en el sector agroganadero regional. La crisis económica presiona cada vez con más fuerza y hace mella en los bolsillos de los profesionales, en un año 2012 en el que el escenario ha empeorado por la fuerte sequía, que ha dañado aún más las ya tocadas arcas de los ganaderos, principalmente, por la ausencia de pastos, pero también de los secanos.

Sin embargo, además de la sequía, este ejercicio se acrecentaron las diferencias para la negociación de la nueva PAC entre las posturas que defienden España y Castilla y León con las del comisario de Agricultura, el rumano Dacian Ciolos. Incluso se baraja la posibilidad de que el primer año de aplicación sea 2015 en lugar de 2014, debido a las complicaciones para alcanzar un acuerdo entre los estados miembros y el Ejecutivo comunitario, que no obstante ya ha avanzado un importante recorte de los recursos económicos. Otros hitos importantes en el año son la mayoría revalidada por Asaja en unas polémicas elecciones a cámaras agrarias y el lanzamiento al mercado de la Leche Tierra de Sabor por parte de la Junta, con más de medio millón de litros mensuales comercializados.

Así, y sin dejar a un lado la negociación de la PAC, 2012 será recordado por la sequía que se inició en invierno, continuó en primavera y se alivió ligeramente en verano, lo que provocó pérdidas en el sector, centrado principalmente en el secano, y en la ganadería, con el 70 por ciento de los pastos afectados.

A finales de abril, las lluvias suavizaron la situación en secano pero no los embalses y pastos. Finalmente, se adelantó la campaña de siega a petición de los productores para evitar al máximo la merma del grano de cereal. La sequía alcanzó tales niveles que Agroseguro indemnizó este año con 37 millones los daños causados por ausencia de agua en 440.000 hectáreas, sobre todo cultivos herbáceos.

La grave sequía se sumó al escenario de crisis galopante en la ganadería, centrada en el ovino, ya que los precios aliviaron ligeramente el año en el sector agrario. En este sentido, cooperativas y organizaciones agrarias reiteraron durante el ejercicio sus denuncias ante precios indignos para los productores, pues por cada litro de leche de oveja que se entrega a la industria el ganadero pierde 0,25 euros, lo que supone que cada año las pérdidas de estos profesionales superen los 80 millones de euros en la región. “Los datos son demoledores”, destacaron, para advertir de que esta situación se agrava aún más al iniciar las devoluciones de los créditos que se firmaron en 2008.

Interlocución escasa

Estos problemas de los ganaderos difícilmente se pudieron esolver en 2012, cuando el sector también se vio perjudicado por la subida del IVA. La interlocución entre opas y la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, fue casi nula y causó indignación entre las organizaciones. En general, un año en el que el sector salió de nuevo a la calle, pero en ninguna ocasión todas las opas unidas, tónica general de los últimos años, salvo excepciones.

Precisamente, motivos para manifestarse no faltaron al sector. Lo hicieron por la crisis de los precios en origen, por la situación de la ganadería, principalmente el ovino y vacuno de leche y que la aprobación del reglamento del paquete lácteo por parte del Parlamento Europeo no logró solventar, a pesar de que nació para reforzar el papel de los ganaderos para negociar el precio.

Reunión con el ministro

No obstante, Clemente mantuvo una sola reunión con el recién nombrado ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, que se celebró a finales de enero, más allá de las conferencias sectoriales. En aquel encuentro, coincidieron en defender un mismo documento para la negociación de la PAC y que se mantengan las cuotas de remolacha hasta 2020. 

También reclamó la representante regional a primeros de año que se mantengan las inversiones en modernización y nuevos regadíos, si bien once meses después Clemente ha decidido revocar 24,3 millones para la financiación de dos puntos de interés a las obras ejecutadas para la modernización de regadíos de la deuda contraída por las comunidades de regantes en los convenios firmados con Seiasa antes del 2009. Según la consejera, el cumplimiento del déficit y el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria hacen “imposible” mantener este compromiso. Al respecto, argumenta que para los regantes estas obras de modernización tienen un coste por hectárea de entre 30 y 60 euros, cuando la rentabilidad por hectárea está en los 2.800 euros, cuestión muy criticada por el campo regional, que acusa a la titular de la cartera agraria de no conocer el sector.

Otra cuestión que se abordó en aquella reunión y que sirvió para sonsacar un compromiso incumplido del ministro fue la Ley de Desarrollo Rural. Arias Cañete aseguró en enero que firmaría “en breve” el convenio con la Comunidad para la aplicación de la norma, con inversiones por 330 millones hasta 2015. Pero en el mes de noviembre, el ministro comunicó que replanteará la ley en 2013 para establecer un nuevo sistema de colaboración con las autonomías, dado que no hay fondos.

Elecciones convulsas

En diciembre se celebraron las cuartas elecciones a cámaras, las más convulsas de la historia de la Comunidad, ya que estuvieron precedidas en verano por la dimisión de los presidentes de Asaja de las entidades de Salamanca, León, Palencia, Soria y Valladolid, para protestar por los recortes en los Presupuestos de la Comunidad, que solo asignaban 700.000 euros para su gestión, los mismos recursos que para 2013. El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, llegó a decir en agosto que si el presupuesto para las cámaras se mantenía, su organización no tomaría posesión en diciembre, si bien luego si concurrió.

Todo ello propició la enésima polémica con UCCL y la Alianza por la Unidad del Campo (UPA y COAG) y que ha culminado con la victoria de Asaja, que logró el 40 por ciento de los sufragios, seguida de la Alianza y UCCL. Por provincias, la mayoría de la formación de Donaciano Dujo se escenificó en León, Soria y Palencia; la de UPA y COAG, en Salamanca y Zamora; y la Jesús Manuel González Palacín en Ávila, Burgos, Segovia y Valladolid, donde ganó por 20 votos. 

En total, participaron 27 candidaturas. Estaban llamados a votar 42.814 electores, 40.490 personas físicas y 2.324 sociedades. Desde el último proceso electoral, celebrado en diciembre de 2007, el censo se redujo en 7.421 votantes, un 15 por ciento.