El Estado entra en el capital de Caja España-Duero y se replantea la fusión con Unicaja

 Una nueva recesión marca el año económico en Castilla y León y, como llueve sobre mojado, se alcanzan cifras de paro jamás conocidas por la Comunidad, próximas a las 250.000 personas, en un goteo constate de un tejido productivo que se desangra en la crisis. Muchas son las empresas que cierran sus puertas, más de 3.000 si se atiende a los datos de cotizantes a la Seguridad Social, y los expedientes de regulación de empleo se disparan afectando a un número de trabajadores próximo a los más de 39.000 que se contabilizaron en 2009, cuando se produjo la primera gran recesión que ahora se reproduce. Muchos son los nombres de proyectos empresariales afectados: Vitro Cristalglass, en León; Unisolar, en Béjar (Salamanca); Vestas Wind Systems, en Ólvega (Soria); Metales Extruidos, en Valladolid, y Bridgestone, en Burgos, son sólo algunos ejemplos, a los que se suman fundaciones como la Ciuden, en Ponferrada (León), y organizaciones sindicales como CCOO, que también se ven obligadas a regular sus plantillas. 

Algunos proyectos logran sobrevivir como Hibramer, en Valladolid, tras su adquisición por Eurovo; El Gorriaga, en Ávila, que compra la vasca Urbasa Global, ambas procedentes de la caída de Nueva Rumasa, y Seda Soluble, en Palencia, que pasa a manos de la multinacional Olam. Otros permanecen en el aire, caso de Puertas Norma (Soria), que se encuentra en fase de liquidación tras fracasar varios intentos de adquisición. La automoción se convierte así en una isla con anuncios por todos los constructores de la Comunidad, Renault, Nissan e Iveco, de proyectos de futuro para sus plantas. 

Por otra parte, la reestructuración financiera avanza inexorablemente hacia la concentración en grandes grupos donde se diluyen las cajas que no apostaron por un proyecto autonómico, pero no le va a mejor a Caja España-Duero, que no logra cerrar su fusión con Unicaja, que se replanteará, y será nacionalizada, al igual que Bankia (Caja de Ávila y Caja Segovia), y Grupo Caja 3 (Cajacírculo) también tiene que ser rescatado con fondos de la UE vinculados a su absorción por Ibercaja.

En este contexto, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncia, el 21 de noviembre, el inicio de un “nuevo tiempo” de “cooperación” con todas las entidades que operan en la Comunidad a través de un “consejo financiero” que sustituirá a la Federación Regional de Cajas. El camino lo marcan acuerdos como el suscrito el 20 de julio con la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León (UCAR), y el del 21 de septiembre con Caixabank, para apoyar al tejido productivo.

Un sector que no levanta cabeza y cada vez lo ve más crudo es el de la minería, que lucha contra los recortes del Ejecutivo central infructuosamente y mira a Europa con desesperación, tras ligar los apoyos la Comisión al cierre de las explotaciones.

El futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña también llena los informativos este año, porque tras la defensa a ultranza de su continuidad por parte del PP y la posibilidad que se le otorga desde el Gobierno de Mariano Rajoy, tras la decisión de su clausura determinada por el anterior ejecutivo del PSOE, Nuclenor decide finalmente su cierre, al no considerar viable su explotación con la nueva regulación energética. 

Por otra parte, el Diálogo Social sigue dando sus frutos en Castilla y León en 2012, con numerosos acuerdos en diferentes materias, sobre todo para tratar de frenar la sangría en el mercado laboral. A nivel organizativo de las políticas económicas, el 23 de marzo, Herrera anuncia la integración en la nueva Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de la sociedad ADE Internacional Excal, que también incorpora ADE Rural en cooperación con Agricultura. Los retos marcados para la rebaja del sector público se reflejan en los dos EREs sobre más de la mitad de las plantillas de ADE Parques Tecnológicos y ADE Internacional Excal; o a nivel estatal en Paradores.

En materia legislativa, cabe destacar que se presenta en marzo la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas, que sin embargo no ve la luz a la espera de la regulación nacional. 

Sistema financiero

En materia financiera, cabe destacar el rescate europeo a Caja España-Duero (Ceiss), Bankia y Caja 3 y la absorción de Banca Cívica, donde está integrada Caja de Burgos, por Caixabank. Asimismo, nace la fusión entre las cajas rurales de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans (Caja Viva Caja Rural), y se presenta en sociedad el 4 de octubre. 

Los procesos quedan marcados por la auditoria publicada el 28 de septiembre por Oliver Wyman, que en el caso de Caja España-Duero con Unicaja asegura que no precisará de capital adicional público para cumplir los ratios. Sin embargo, el estudio detecta que por separado el Banco Ceiss precisaría un capital de 1.269 millones de euros de ayudas públicas en el escenario base y de 2.063 en el escenario adverso, mientras que Unicaja tendría un ‘colchón’ de 969 millones en el primer caso y de 452, en el segundo.

Ante estos números, el plazo que se dan ambas para cerrar la fusión expira, y el Gobierno nacionaliza Caja España-Duero, que recibe el 20 de diciembre el visto bueno a más de 600 millones de la UE, pero deberá acometer un plan de reestructuración que le llevará a reducir su tamaño en un 30 por ciento así como a concentrar su negocio en la banca minorista y en la región de origen, es decir, Castilla y León.Banco Ceiss deberá acometer una desinversión de su cartera industrial, cerrar 260 oficinas y despedir a 1.500 trabajadores.

La entidad asegura que con la nueva capitalización puede seguir en solitario, pero la UE le da un plazo de cinco años para que sea adquirida. El 21 de diciembre, Banco Ceiss, participado por Caja España-Duero, y Unicaja Banco aseguran que confían en finalizar en un “breve plazo” la articulación de un proyecto de integración “adaptado” a las nuevas exigencias.

Garoña

La apuesta del PP por la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña se ve truncada, ya que pese a que el nuevo Gobierno que preside Mariano Rajoy abre la posibilidad de que Nuclenor solicite la renovación de su autorización de explotación por un periodo no superior a seis años, la empresa propietaria no lo hace y el día antes de que expire el plazo, el 6 de septiembre, asegura que no está en condiciones de hacerlo. Nuclenor remite la documentación requerida por el Consejo de Seguridad Nuclear en plazo, antes del 6 de noviembre, sobre el desmantelamiento de la instalación, cuya actividad está previsto que cese el 6 de julio de 2013.

Mucho se especula sobre el futuro de la central, se habla incluso de grupos interesados en su adquisición, pero la realidad es tozuda y desde el Consejo de Seguridad Nacional se asegura que sólo se contempla el escenario de clausura. El Consejo de Administración de Nuclenor decide anticipar el cese definitivo de la central de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos) con anterioridad al 31 de diciembre, por lo que procede a desconectar la central de la red eléctrica a las 23.00 horas del 16 de diciembre, para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento con la que cuenta la instalación. Es su respuesta ante el nuevo impuesto que tendría que pagar por extraer el combustible gastado del reactor a partir del 1 de enero.