Alaya trata de extender la causa de los ERE a la época de Susana Díaz

La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía vuelve a poner a la actual presidenta regional, Susana Díaz, en el punto de mira. En un auto notificado este viernes a las partes, la instructora solicita a la Junta que en el plazo de 10 días le remita las actas de las reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno, los denominados 'consejillos', que se celebraron entre el 2001 y octubre del 2012. Desde mayo de ese año, Díaz ocupaba el puesto de consejera de Presidencia, y por tanto era la encargada de preparar y coordinar esas reuniones en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas.

No es la primera vez que Mercedes Alaya trata de extender el periodo de irregularidades de los ERE hasta el 2012 y pide documentación sobre ayudas concedidas en ese año, ya con José Antonio Griñán al frente del Ejecutivo regional y Susana Díaz en Presidencia. En este caso, la fecha escogida coincide además con el momento en que Griñán decidió, ya con el escándalo en los juzgados, cambiar el sistema de concesión de ayudas a empresas en crisis y se suprimieron los intermediarios que, según la jueza, cobraron jugosas sobrecomisiones.

Según explica en el auto, el objetivo de la magistrada es conocer si en esas actas de los consejillos "se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado" en la concesión de subvenciones sociolaborales mediante un fondo dotado con 721 millones de euros. También si esos altos cargos conocieron "la ilegalidad del procedimiento de concesión y pago". Además, reclama poder investigar "cuantas cuestiones eran analizadas" en las citadas reuniones, muy técnicas y sin el contenido político de los Consejos de Gobierno. Se trata de una diligencia solicitada por una exasesora de Empleo imputada en la causa, aunque con anterioridad también lo solicitó la acusación popular que lleva a cabo el PP.

 

SOSPECHAS

Hasta el momento, la jueza ha extendido sus sospechas a todos los consejeros de Presidencia del periodo en que supuestamente se produjeron las irregularidades, después de conocerse que en la exposición razonada que Alaya remitió al Tribunal Supremo se incluía a los antecesores de Díaz, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Ambos están pendientes de que el alto tribunal se pronuncie sobre su posible imputación y la de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como la de otros cinco exconsejeros regionales.

Las diligencias sobre el caso de los ERE, que la jueza entiende que puede continuar en tanto el Supremo no se pronuncie, se solapan con las investigaciones sobre los cursos de formación. Tras la toma de declaración al que considera su testigo clave en este caso, el que fuera jefe del departamento andaluz de Formación en Sevilla Teodoro Montes, Alaya ha remitido un escrito al Ministerio de Interior para solicitar que la Policía deje de investigar estas irregularidades y permita que sea solo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -con quien ella trabaja- quien realice las pesquisas. Una petición que se interpreta como un intento de acaparar las diligencias repartidas entre 18 juzgados andaluces. Asimismo, insiste en el carácter de testigo protegido de Montes y reclama en otro escrito a la Guardia Civil que vele porque los medios de comunicación no difundan su imagen, bajo amenaza de incurrir en delito de desobediencia.