COMPARECENCIA EN EL TRIBUNAL SUPREMO
Un exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía niega el fraude de los ERE
Antonio Fernández estuvo ingresado cuatro meses en prisión por orden de la jueza Alaya
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández (izauierda), a la salida del Tribunal Supremo tras declarar.-Foto: EFE/ L. P
El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández ha negado este jueves en el Tribunal Supremo el fraude de los ERE, en una declaración que ha sido tildada de "sólida" por fuentes presentes en este interrogatorio.
El imputado, que se pasó cuatro meses en la cárcel por este caso por orden de la jueza Mercedes Alaya, explicó que el convenio que recogía este tipo de ayudas fue público y, por tanto, conocido por todos los organismos competentes.
Por ello, criticó que durante sus 10 años de existencia nadie hubiera puesto objeciones a este sistema o hubiera denunciado ilegalidades. Asimismo, explicó que las subvenciones fueron recibidas por unos 7.000 trabajadores que a día de hoy siguen percibiendo estas ayudas. También comentó que ninguna de ellas ha sido anulada y que solo unas 60 fueron concedidas a personas que no tenían derecho.
También puso de manifiesto que la Intervención de la Junta no pusiera dudas sobre la legalidad de las ayudas o que estas haya causado un menoscabo de fondos públicos.Y subrayó que el Parlamento tampoco observó irregularidades.
Fin de los interrogatorios
Esta declaración pone fin a la ronda de interrogatorios de imputados. El juez Alberto Jorge Barreiro ha citado la próxima semana a dos testigos a propuesta de las defensas. Se trata de Luis García Garrido que fue viceconsejero de obras públicas entre el 2000 y el 2008 y José María Oliver que ocupó la viceconsejería de igualdad. Ninguno de ellos ha declarado hasta ahora en esta causa porque no han sido convocados por la jueza Alaya.
El magistrado del Supremo también ha acordado citar a dos catedráticos para que ratifiquen un informe pericial que acredita la legalidad de estas ayudas y que ha sido encargado por las defensas de los imputados.
Después el juez, si nadie plantea nuevas diligencias, tendrá que decidir el futuro de los aforados. Puede solicitar su suplicatorio por la existencia de indicios racionales de delito o decretar el archivo de esta causa. Esta decisión es posible que coincida con la campaña del 24-M, ya que el togado solo ha respetado el periodo electoral de las elecciones a la Junta del pasado mes de marzo.