corrupción
El Supremo condena a Blasco a seis años y medio de prisión
Confirma la pena por malversación, prevaricación y falsedad documental en las ayudas de cooperación
El popular Rafael Blasco, exconsejero valenciano de Solidaridad, irá finalmente a prisión. Así lo ha acordado el Tribunal Supremo, que ha rebajado la pena de ocho a seis años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documentación oficial resultante de la pieza 1 del conocido como 'caso Cooperación', relativa a las irregularidades cometidas la concesión de subvenciones de su consejería a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano condenó a Blasco en mayo del 2014 a ocho años de cárcel, junto a otras ocho personas más, al considerar que el exconsjero dirigía el desvío de ayudas y evitó que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.
Un año después, el alto tribunal ha reducido un año y medio la pena de prisión para Blasco basándose en la doctrina del Tribunal Constitucional que indica que las declaraciones ante los funcionarios de policía no corroboradas en sede judicial "solo tendrán valor probatorio si se confirma esa información por otros datos objetivos".
CAUSA COMPLEJA
Tras la resolución del TSJ valenciano, tanto las acusaciones como las defensas formularon recurso ante el Supremo, que prolongó su deliberación en dos ocasiones por la "complejidad" de la causa, así como la pluralidad de recursos y sus motivos.
Los hechos que afectan a la pieza 1a por la que ahora Blasco recibe condena en firme se remontan a una convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación en Nicaragua que convocó Blasco en marzo del 2008, a la que concurrió la Fundación Cyes, creada exprofeso su amigo y empresario Augusto César Tauroni, sin cumplir los requisitos técnicos.
La consejería de Blasco otorgó a Cyes 1,6 millones de euros para dos proyectos. De ellos, solo llegaron a destino 47.953,34 euros. El resto se destinó a un "beneficio propio", como la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia, según se exponía en la sentencia condenatoria del TSJCV.
Blasco, en libertad bajo fianza de 200.000 euros, está a la espera de otros dos juicos por la macrocausa de la cooperación. Se cree que durante su etapa como consejero, se rodeó de una camarilla de dirigente afines para "perfeccionar" el desvío de fondos públicos.