Un grupo de expertos acusan a Rajoy de no implicarse en el desarme de ETA porque no ve "beneficios"

Un estudio encargado por el Gobierno vasco afirma que el Ejecutivo central ha optado por no implicarse en el desarme de ETA porque no observa "beneficios a corto plazo". Un grupo de expertos en Derechos Humanos han evaluado la situación actual, casi cuatro años después del anuncio de cese definitivo de la actividad armada, y aseguran que la falta de respuesta de la organización terrorista a las peticiones para su disolución también está contribuyendo al bloqueo del proceso de desarme.

El gabinete de Iñigo Urkullu encargó en abril un informe al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), para evaluar la marcha del Plan de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco. Cuatro expertos han presentado este miércoles sus conclusiones, entre las que destacan los avances realizados en materia de reconciliación.

Sin embargo, Francisco Rey Marcos, miembro fundador y coodirector del IECAH, ha detectado que el "inmovilismo" se ha apoderado del proceso de desarme, lo que obstaculiza el avance hacia una paz duradera.

ELEMENTO DE NEGOCIACIÓN

El texto destaca la "renuncia" del Ejecutivo central a participar en la verificación de la entrega de las armas, al tiempo que apunta que la propia organización terrorista no ha dado "muestras suficientemente convincentes de su voluntad de dejar de utilizar esta baza como elemento de negociación de último recurso". Para los autores, esta actitud de "no desarme" supone un coste adicional para la sociedad vasca, "que abrumadoramente demanda su disolución sin condicionamientos políticos de ningún tipo".

Respecto a la actuación del Gobierno vasco en esta materia, el informe destaca que no ha podido acelerar la entrega de las armas ante la falta de "respuesta efectiva" de ETA a la "propuesta para un desarme efectivo", realizada por el lendakari Urkullu en diciembre del pasado año.

El estudio también analiza la situación de las víctimas de la violencia. Sus autores consideran que "determinadas asociaciones tienen una voz que no les corresponde", con peso "suficiente para bloquear procesos", y abogan por tratar de "dimensionar" el papel que juegan "a su realidad y no a ensoñaciones quizá fuera de lugar". Y en cuanto a la política penitenciaria, han reclamado el fin de la dispersión, la eliminación de la legislación "excepcional" que se les aplica y la reinserción de los reclusos de la organización armada.