LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
El juez del 'caso Imelsa' embarga la cuenta del PP de València vinculada al blanqueo
La Fiscalía, que investiga también varios presuntos delitos fiscales, quiere saber si la libreta no oficial pasó los controles correspondientes
La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, durante la rueda de prensa en la que dio explicaciones por el 'caso Imelsa'.-MIGUEL LORENZO
El juez que instruye el 'caso Taula' ha intervenido la cuenta bancaria del PP en el Ayuntamiento de València relacionada con el presunto blanqueo que se investiga en la causa. El magistrado Víctor Gómez ha bloqueado la cuenta a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que indaga si el PP de València cometió varios delitos electorales al usar dinero de procedencia presuntamente ilícita en las tres últimas campañas electorales de Rita Barberá a la alcaldía de la ciudad. El ministerio público quiere saber si esta cuenta paralela, distinta de la oficial del grupo municipal popular, pasó los controles necesarios.
La cuenta bloqueada es la misma por la que Compromís, a mediados del mes de abril, denunció al PP ante la Fiscalía por un presunto delito electoral en las campañas de la exalcaldesa del 2011 y el 2015.
Según denunció entonces la coalición de Mónica Oltra, el PP de València tenía "dos cuentas bancarias, una de las cuales operaba de manera oculta, sin ningún tipo de control del Tribunal de Cuentas", lo que supone un grave incumplimiento de la ley electoral. Compromís bautizó a esta cuenta como cuenta "offshore" y explicó que fue abierta en 1995 y que no pertenecía ni al grupo municipal popular ni al partido.
INTERVENCIÓN CAUTELAR
En esta cuenta, explicó el portavoz de Compromís en el ayuntamiento Pere Fuset, se realizaron en la campaña del 2011 dos ingresos en efectivo de 27.500 y 28.000 euros. Se trata de la misma cuenta en la que, poco antes de la campaña del 2015, 47 concejales, exconcejales, asesores y exasesores del grupo municipal popular habrían ingresado al partido 1.000 euros a cambio de dos billetes de 500 euros procedentes de presuntas comisiones ilegales y por los que ahora se les investiga por un presunto blanqueo de capitales. La imputación de Barberá, que el juez instructor ha pedido por este asunto, está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo, porque la exalcaldesa es ahora senadora y está aforada ante la justicia ordinaria.
La cuenta está intervenida de forma cautelar, después de que el fiscal tratara de cotejar los movimientos bancarios con las anotaciones en los cuadernos de Mari Carmen García-Fuster, exsecretaria del grupo municipal, amiga personal de Barberá y la principal imputada en esta causa. La investigación considera a García-Fuster como la "cajera" que daba las instrucciones a concejales y asesores para el presunto blanqueo de dinero con aportaciones legales de 1.000 euros al partido. Según las pesquisas, los movimientos bancarios no pasaron por ningún órgano supervisor.