La trama corrupta del AVE en Barcelona usó materiales de obra de menor calidad

Las auditorías de la empresa pública Adif, el órgano gestor de las infraestructuras ferroviarias, han detectado no solo dobles mediciones en tres tramos del AVE en la estación de la Sagrera que reflejaban sobrecostes de 82 millones de euros en la obra realizada, sino también la utilización de materiales de calidad inferior a los presupuestados. Así lo detalla la querella presentada a finales de mayo por el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled y que originó la detención el pasado martes por la Guardia Civil en Barcelona y Madrid de 13 personas y la realización de 15 entradas y registros en oficinas de Adif, en empresas adjudicatarias y en domicilios particulares.

Siete detenidos y un investigado (no fue arrestado porque se encontraba en el hospital con su mujer) han pasado este jueves a disposición de la jueza que se encarga de la investigación. La mayoría son altos cargos o funcionarios de Adif, aunque también hay un empleado de una empresa pública de ingeniería. Los otras seis implicados que fueron detenidos y después puestos en libertad serán citados a declarar en los próximos días.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción incluye en la trama a un total de 20 personas (algunas están trabajando actualmente en el extranjero y declararán en un futuro). Se les atribuyen los delitos demalversación de fondos públicos, falsedad y prevaricación, sin descartar el cohecho si se constatara que la actuación de los funcionarios a favor de las constructoras adjudicatarias se “efectuó a cambio de algún tipo de ventaja económica o de otro tipo”.

Entre los querellados, además de los altos cargos y directores de obras de Adif, figura un empleado de la empresa pública INECO, empleados de una firma de ingeniería, tres asesores que medían y valoraban la obra ejecutada y siete directores técnicos de las compañías adjudicatarias, entre ellas Acciona, Dragados y FCC.

La fiscalía detalla en la querella que los técnicos que estaban a cargo de los tres tramos del AVE de la Sagrera investigados y que no están acabados venían confeccionando mensualmente dos mediciones de obra ejecutada distintas: una real, y por tanto ajustada, y otra ficticia, que se “habrían empleado para inflar artificiosamente las cantidades que los contratistas percibían”. En un proyecto complementario, este sí finalizado, también se habrían hinchado las cantidades. En total: 82 millones de euros.

La acusación pública sostiene que existen “sólidos indicios” de que el “exceso de medición” consignado en las certificaciones de las obras responde a la “connivencia” de los empleados públicos encargados de firmarlas y autorizarlas con los responsables de las contratistas y las asistencias técnicas. La finalidad: “Favorecer económicamente a los entes privados adjudicatarios de los contratos”. Con esta mecánica, agrega el fiscal, se generó un “elevadísimo sobrecoste en perjuicio del erario”.