DEBERES DEL FUTURO GOBIERNO
Un nuevo ajuste del gasto y las pensiones, próximos retos
España debe comunicar a Bruselas en los próximos días cómo piensa reducir el déficit. La reforma de Seguridad Social, financiación autonómica y contratos laborales están a la espera
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.-JOSÉ LUIS ROCA
El nuevo Gobierno tiene por delante una apretada agenda económica en los dos próximos meses en los que el presidente Mariano Rajoy se las tendrá que ver con la disciplina de la Comisión Europea al mismo tiempo que busca los apoyos parlamentarios que le permitan poner en marcha la elaboración de los Presupuestos del Estado del 2017. Esta es la tarea más urgente, aunque previsiblemente las tareas más importantes de la Legislatura serán la revisión del sistema de pensiones y la del modelo de financiación autonómica.
LO MÁS URGENTE
La primera tarea será presentar a Bruselas un nuevo plan presupuestario que garantice que el déficit del 2017 se situará en el 3,1% del PIB fijado por la Comisión Europea y no en el 3,6% proyectado por España en octubre, bajo el anterior supuesto de una prórroga presupuestaria. Entre un porcentaje y otro, media la necesidad de un ajuste de 0,5 décimas del PIB, unos 5.500 millones de euros.
Para ello, la Comisión Europea ha reclamado por carta a España una respuesta “lo antes posible después de que se constituya el nuevo Gobierno”. En Bruselas se espera esta respuesta con suficiente antelación al 16 de noviembre.
Ligado a esta exigencia, entre sus primeras tareas el nuevo Consejo de Ministros deberá aprobar el techo de gasto del Estado (previo a la elaboración del proyecto de Presupuestos del 2017) y el reparto de objetivos de déficit del 2016 (4,6% del PIB) y del 2017 (3,1%) entre los distintos niveles de la Administración pública.
Uno de los objetivos es llegar a la reunión del Consejo Europeo de ministros de Finanzas (Ecofin) del 8 de diciembre con los deberes hechos para convencer a la Unión Europea de que el compromiso de España con los nuevos objetivos de déficit desaconseja la imposición de una multa de hasta 5.500 millones y la suspensión de los fondos estructurales.
A finales de noviembre, además, el nuevo Gobierno debe tener sobre la mesa una propuesta para equiparar las indemnizaciones de los contratos interinos y temporales a las de los indefinidos que debe formular un grupo de seis expertos.