El Constitucional avala dividido la reforma que le permite suspender a cargos públicos

El Tribunal Constitucional ha dado este jueves luz verde a la reforma de su ley reguladora que prevé la inhabilitación de los políticos y cargos públicos que desoigan sus resoluciones, mientras estas se cumplen, y le da la opción de acordar su ejecución por otra administración. La decisión del pleno del alto tribunal se ha adoptado por ocho votos a tres.  

La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano contará con un voto particular formulado por la vicepresidenta del Constitucional, Adela Asua, y los magistrados Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés. Asua acabó renunciando a la ponencia al constatar que su posición era minoritaria. 

Una vez avalada la reforma, que fue aprobada por el Gobierno del PPen los últimos días de su mayoría absoluta con toda la oposición en contra, el alto tribunal podrá utilizar las medidas que le permiten acelerar su respuesta frente a la desobediencia de sus resoluciones. Lo más probable es que en el caso de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no lo haga, puesto que optó por remitir la causa a la Fiscalía, que ya se querelló contra ella por desobediencia y prevaricación por facilitar la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

LEY REGULADORA 

La reforma de la ley reguladora del Tribunal Constitucional introdujo dos novedades fundamentales en las facultades del alto tribunal para hacer cumplir sus resoluciones, que fueron recurridas por el Gobierno vasco y la Generalitat. 

Una es "acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal". La otra consiste en "la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales".

Las multas coercitivas ya estaban incluidas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pero se incrementaron con la reforma hasta los 30.000 euros para “las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado”.