LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
¿Fin del desamparo de los denunciantes de la corrupción?
El Congreso inicia los trabajos para aprobar una ley que protega a los delatores. La Cámara baja acogerá a testigos cuya vida se ha convertido en un calvario por sacar a la luz prácticas irregulares
Ana Garrido, denunciante del 'caso Gürtel', a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar como testigo.-EFE/Sergio Barrenechea
Ana Garrido, Roberto Macías, Rubén López, Luis Gonzalo Segura... Son solo cuatro de los ciudadanos que, por demostrar un comportamiento ejemplar, han visto como su porvenir se venía abajo. Todos denunciaron escándalos de corrupción que afectan a instituciones y partidos diversos. Y su vida se ha convertido en un calvario por sacar a la luz prácticas vergonzantes. Y es que España es de los numerosos países europeos que no protege adecuadamente el anonimato de los delatores ni impide, por tanto, que sus superiores intenten acallar sus denuncias llevando el 'mobbing' laboral hasta sus últimas consecuencias.
La legislatura anterior se aprobaron más de 70 medidas anticorrupción -esas de las que el PP presume cada vez que le sacan los colores con un nuevo caso- pero los parlamentarios y el Ejecutivo se olvidaron de mejorar la protección de los denunciantes, pese a que su resguardo efectivo es vital para que funcionarios y otros testigos se animen a dar el paso de denunciar prácticas irregulares.
La precaria situación puede que cambie esta legislatura. La recién creada comisión por la calidad democrática del Congreso ha acordado que entre sus primeros trabajos esté la aprobación de una proposición de ley para la protección integral de los delatores.
LOS DENUNCIANTES AFECTADOS
Los trabajos comenzarán la primera quincena de diciembre y por la Cámara baja desfilarán algunos de los testigos que defiende la Plataforma por la Honestidad. Creada por un grupo de activistas en agosto del año pasado, en principio en apoyo a Ana Garrido (denunciante del ‘caso Gurtel’), ahora ha ampliado su campo de acción y cuenta con el apoyo, entre otros, de Jueces para la Democracia. Entre sus defendidos se encuentran Roberto Macías, delator de las facturas falsas en UGT, Luis Gonzalo Segura, teniente expulsado del Ejército por denunciar la corrupción en su seno (causa que tiene pendiente revisar el Supremo), y Eladio Rubén López, investigador del caso del pequeño Nicolás.
La plataforma ha elaborado su propio borrador legal, que exige una serie de medidas básicas. Ante todo, que se garantice el anonimato del denunciante; su puesto de trabajo, aunque sea en otro departamento distinto al que pertenece, y se costeen sus gastos en servicios jurídicos y asistencia psicológica, si es que la necesita. Sus promotores plantean la creación de un observatorio que administre el cumplimiento de la ley, ante el cual los funcionarios puedan denunciar y que se ocupe de su protección efectiva. Si bien, según reconoce el portavoz de la plataforma, Pedro Arancón, en el movimiento existen posiciones diversas y hay quienes consideran que la defensa de los querellantes debe estar en manos de los jueces. Pese a que no existir un consenso, piden que el observatorio o el órgano judicial encargado de velar por los confidentes sea independiente.
UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA
A este respecto, C’s presentó su propia ley en verano y recogió buena parte de las demandas de la plataforma, pero su proyecto adolece de cierta falta de independencia, según Arancón. Aún así, el activista juzga “positiva” la acogida que está teniendo sus reivindicaciones y considera que, “ahora o nunca”, se abre la posibilidad de blindar a los testigos, dado la minoría con la que cuenta el PP, el único partido que rechazó reunirse con la plataforma. "Si hay elecciones anticipadas y los populares sacan una mayoría más holgada será más difícil”, alerta.