El Congreso responde hoy a la ofensiva de vetos del Gobierno
Rajoy ha pedido paralizar 16 iniciativas de la oposición y amenaza con llevar el conflicto al TC
Mariano Rajoy llega a la primera sesión de control del Congreso esta legislatura.-ANDREA COMAS / REUTERS
Tras semanas de aplazamientos, el Congreso decide este martes qué respuesta articula ante la ofensiva de vetos del Gobierno. El Ejecutivo ha pedido paralizar la tramitación de 16 iniciativas aprobadas por la oposición en el Parlamento, amparado en que aplicarlas supondría un incremento del presupuesto de en torno a 6.000 millones de euros. Además, como adelantó este diario,Mariano Rajoy tiene la firme determinación de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) cada una de las leyes que la oposición saque adelante y que impliquen una desviación del gasto.
Moncloa se acoge a la legislación que establece que todas las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.
La Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, es contraria a esa política de vetos generalizada. De momento ya levantó losrelativos a la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) , cuya paralización ya superó su primer debate en el pleno, y la de trabajadores de subcontratas. Y las otras iniciativas quedaron a la espera de que los servicios jurídicos de la Cámara presentara un informe sobre las posibilidades de actuación.
Ante esta decisión, Gobierno presentó un recurso formal de reconsideración ante la Mesa para que la Cámara rectifique su negativa a atender los primeros vetos, lo que se interpreta como el paso previo a la interposición en el Tribunal Constitucional de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La Mesa del Congreso tiene el informe de los letrados desde hace dos semanas, que no ofrece instrucciones concretas, pero ya da pistas a los representantes políticos para que sepan a qué atenerse. Como adelantó este diario, los servicios jurídicos recuerdan al Gobierno que los vetos tienen que ser debidamente argumenttados y que en ningún caso se pueden utilizar de forma generalizada o arbitraria sin estar debidamente motivados.
Hasta ahora, las 115 proposiciones de ley vetadas corresponden a Gobierno socialistas, y el grueso (93 iniciativas) datan de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando su Gobierno empezó a tomar medidas de ajuste para cumplir los compromisos presupuestarios.
LOMCE, TASAS Y PENSIONES
En el listado de iniciativas vetadas por el gobierno del PP figuran dos proposiciones de ley para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (Lomce), otras tres que buscan para ampliar la supresión de tasas judiciales, la iniciativa conjunta de PSOE, Podemos y otros grupos para subir las pensiones en 2017, una del Grupo Socialista para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, y cuatro leyes llegadas de parlamentos autonómicos: una de Murcia para fomentar el autoconsumo eléctrico, una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores.
En el caso de la subida de pensiones, el último veto registrado, el Ejecutivo habla de un coste de más de 1.150 millones; sobre la paralización de la LOMCE dice que España sufriría una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos; y en cuanto a la supresión de tasas judiciales a ONG's el Ejecutivo dice que su aprobación causaría una pérdida de recaudación aproximada para el Estado de unos 15 millones de euros.
LA LEY WERT
El órgano de gobierno tiene de plazo hasta el 21 de diciembre para responder a la reconsideración que pide el Gobierno, aunque en el PP ya dan por perdido alguno de los vetos, como el relativo a la LOMCE, ya que unas semanas después ha sido el propio Ejecutivo quien ha acabando aprobando un decreto ley para paralizar la llamada "ley Wert".
En este proceso de reflexión, desde Moncloa se va a tratar de concienciar a la oposición de los riesgos de abrir un nuevo conflicto entre los dos poderes pues, a diferencia del que se interpuso por la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario, esta vez sí pueden provocarse perjuicios económicos al Estado.
En el Ejecutivo están convencidos de que el Tribunal Constitucional respaldará sus vetos y puede acabar anulando las leyes que haya aprobado el Parlamento e incluso exigiendo el abono de compensaciones e intereses por la pérdida de ingresos producida.