El Gobierno pide a Mas que no "paralice" la vida de los catalanes

La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, impulsora de la infructuosa 'operación diálogo', no quiso este lunes comentar las palabras de Artur Mas durante el juicio oral y trató de mantener distancia con otro día clave en el independentismo catalán. La número dos del Ejecutivo únicamente insistió en que debe imponerse de una vez "el sentido común" y pidió entre líneas a los políticos independentistas que dejen de buscar apoyos en una sociedad que está más preocupada, dijo, por la financiación y las insfraestructuras que por el 'procés'. "La vida de los ciudadanos no se paraliza por los procesos que afectan a sus gobernantes", declaró Santamaría en una rueda de prensa tras entrevistarse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

Santamaría, mucho más suave que otros miembros del Gobierno que hablaron este lunes sobre el juicio, exigió respeto a los procedimientos de los tribunales y a los que deben pasar por ellos les reclamó "la máxima colaboración". La vicepresidenta no quiso comentar el argumento de Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en cuanto a que el Tribunal Constitucional no hizo nada para cumplir con su prohibición del 9-N. "Nunca el Gobierno en este proceso o en otros ni comenta ni participa de las estrategias de los acusados", respondió ante una pregunta planteada por la prensa sobre este tema.

Sobre el apoyo popular recibido por los acusados, la vicepresidenta pidió coherencia a los afectados para que, al igual que se amparan en la Constitución para organizar esas manifestaciones, respeten la Carta Magna cuando esta impone "obligaciones" a los gobernantes y marca determinadas "consecuencias jurídicas" por incumplir normas.

EL ARTÍCULO 155

Con un tono muy diferente, a buena hora de la mañana, la Moncloa puso ante los micrófonos a Rafael Catalá, ministro de Justicia. Catalá fue el primero, junto con el extitular de Exteriores José Manuel García Margallo, en blandir el artículo 155 de la Constitución, sobre la suspensión de la autonomía. Era julio del 2015.

Estos días la amenaza de su aplicación a vuelto a las portadas y este lunes Catalá incidía en que está todo "estudiado". "Cada actuación que se toma por parte de un Gobierno serio tiene estudios y reflexión, y por supuesto que la aplicación del 155 está estudiada, incluso hay tesis doctorales sobre esto, así que por su puesto que sí", declaró en la Cope. En opinión de Catalá, no haría falta un desarrollo de este precepto para aplicarlo y el PSOE apoyaría al Ejecutivo central. 

Aunque Mas' y los partidos independentistas quieren usar el juicio para acelerar el 'procés', el ministro de Justicia cree que la Generalitat no forzará el "choque" y no convocará un referéndum unilateral, que obligue al Gobierno a aplicar las medidas coercitivas con las que fuentes gubernamentales amenazaron la semana pasada en los pasillos del Congreso. "No va a hacer falta hacer nada porque no vamos a llegar a ese punto", señaló, sin revelar qué le hace pensar que los partidarios de la desconexión van a cejar en su empeño, máxime cuando no le "consta" que existan contactos entre el Gobierno central y el catalán para buscar una salida política a la situación.

OTRAS REACCIONES

El jucio a Mas también fue comentado por los dirigentes de los principales partidos. El PP desdeñó las manifestaciones de apoyo al considerar, pese a su volumen, que estaban formadas sobre todo por "cargos públicos". El portavoz conservador, Pablo Casado, se mostró seguro de que el Gobierno no caerá en el "victimismo" y se mantendrá en el "diálogo" y la "firmeza" en el cumplimiento de la ley.

El PSOE ha señalado que con el espectáculo ofrecido ante el Tribunal Superior de Justícia "nadie gana" y todos "pierden". "Tan malo y dañino para la democracia es que un expresidente tenga que desfilar por los juzgados por desobedecer al Constitucional, como la convocatoria de ciudadanos a las puertas de un tribunal", afirmó el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, quien apuntó que a su partido le habría gustado que el proceso se hubiera resuelto con más diálogo institucional.

Mientras tanto, el líder de C's, Albert Rivera, auguró que la "presión" a las puertas del TSJC "no funcionará" porque los jueces y fiscales son la "garantía del Estado de Derecho". Rivera considera que los independentistas usan el juicio como "cortina de humo" para "tapar" los presuntos casos de corrupción de la antigua CDC.

Por contra, los principales líderes de Podemos, Pablo Iglesias eÍñigo Errejón, criticaron que con este paso y otros se judicialice el proceso soberanista. El secretario general del partido morado ha señalado por ejemplo que le "avergüenza" que el expresident se siente en el banquillo por "poner las urnas", especialmente cuando "hay niveles de impunidad escandalosos con respecto a los corruptos, sean de CDC o del PP".