¿Y ahora qué? Los obstáculos que aún debe superar el referéndum unilateral

Con la fecha y la pregunta del referéndum desveladas, al Govern de Junts pel Sí aún le quedan varios obstáculos muy importantes que superar para conseguir que la consulta unilateral sobreviva y no acabe siendo una repetición del 9-N del 2014. Las urnas, los sobres, las papeletas, el censo, la cobertura legal, las condiciones de la campaña y la logística del 1 de octubre son algunos de los obstáculos con los que la Generalitat tiene todavía que driblar al Estado.

URNAS, SOBRES Y PAPELETAS

Aunque oficialmente los vinculó a una hipotética convocatoria electoral, el Govern tiene abiertos dos procesos de licitación: uno para las urnas y otro para los sobres y las papeletas. Al concurso de adquisición de las 8.000 urnas --que motivó que la fiscalía anunciara una querella contra la 'consellera' de Governació,Meritxell Borràs-- son dos las empresas que concurren: Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida. La primera compañía ha ofrecido cada urna (de metacrilato) a 20,47 euros la unidad, más IVA. Su competidora, 19 euros más IVA. En cuanto a los sobres y las papeletas, el Ejecutivo catalán abrió el concurso en marzo con un presupuesto base de 641.000 euros y un valor estimado de 897.520,65 euros. Además de papeletas y sobres, incluía también listas de votantes, manuales para la mesa electoral y carteles de señalización de locales electorales, entre otros ítems.

LEY DE DESCONEXIÓN

Una cosa es cuándo se aprobará, previsiblemente tras el parón veraniego del Parlament (que este año acabará el 15 de agosto), y otra es cuándo se dará a conocer el contenido. Es probable que su redactado, el secreto muy bien guardado (descontando un borrador publicado por 'El País') se conozca en las próximas semanas. En cambio, su aprobación será posterior. La intención de la mayoría que conforman Junts pel Sí y la CUP es hacerlo por lectura única, una formula inédita y como mínimo cuestionable, puesto que no deja margen a la oposición para ni tan siquiera presentar enmiendas. El texto está condenado a acabar en el Consell de Garanties Estatutàries y, sin miedo a errar en el pronóstico, también en el Tribunal Constitucional. Así que, una vez aprobada, será suspendida.

CENSO Y COLEGIOS ELECTORALES

El otro gran secreto del referéndum es el censo. Los partidos independentistas no quieren repetir la jugada del 9-N, cuando el censo se fue creando a medida que los ciudadanos iban a votar. Entonces, antes de que el Tribunal Constitucionalprohibiera la consulta, se había optado por utilizar el padrón, tal como se estableció en la ley de consultas no referendarias que el TC ha anulado recientemente. Respecto a los colegios electorales, el principal interrogante es si el Govern pedirá colaboración a los ayuntamientos para que cedan espacios municipales, y si podrá cubrir con recintos de titularidad autonómica la previsible negativa de aquellos consistorios donde no gobiernan fuerzas independentistas.

FUNCIONARIOS

Nada más anunciarse la fecha y la pregunta, los funcionarios catalanes han transmitido a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) su preocupación por la decisión de la Generalitat y le han solicitado un protocolo de protección ante órdenes de dudosa legalidad. En la última reunión del Pacte Nacional pel Referèndum, los sindicatos reclamaron al 'president' Carles Puigdemont garantías jurídicas para los empleados públicos, una protección a la que se comprometió el jefe del Govern. De momento, el Ejecutivo ha excluido a los funcionarios de lamesa de contratación encargada de elegir las empresas que podrían fabricar las urnas. Ese rol lo han asumido los cuatro secretarios del departamento de Governació.

HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL

La comisión de Economia del Parlament tiene previsto aprobar la ley de la Hacienda propia el próximo miércoles, 14 de junio, lo que dejará la norma a punto para ser debatida en el pleno. El texto que sigue pendiente es la ley que debe regular la Seguridad Social catalana.

DECRETO DE CONVOCATORIA

El punto de no retorno será la firma del decreto de convocatoria. No tiene fecha, aunque se especula que podría dejarse muy poco margen entre su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) y el 1 de octubre para complicarle la reacción al Estado. Tampoco está claro si lo firmará solo el 'president', como ocurre en las convocatorias electorales, o todo el Govern, para asumir conjuntamente la responsabilidad ante posibles inhabilitaciones. El decreto debería también fijar la duración y las condiciones de la campaña electoral, aunque estos detalles podrían establecerse ya en las leyes de desconexión.