Junts pel Sí se afana en blindar el 1-O

Día 22 de agosto y, por tanto, martes. Nueva oportunidad para que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, incluya en el orden del día de la Mesa del Parlament la ley del referéndum, aletargada en el registro de la Cámara,  y, de paso, abra la caja de Pandora de la reacción-contrareacción que conduzca al choque de trenes entre Estado y Generalitat. Y, como el pasado martes, nueva falsa alarma. Porque no será esta la semana en la que se inicie la montaña rusa. Hay múltiples razones, y el estado posatentado también aporta alguna, pero la clave es la gestión del tiempo que realizan el Govern y Junts pel Sí, que han planteado una especie de guerra de nervios de desgaste.

Lo que es inamovible es que la ley debe de ser aprobada por el pleno del Parlament del 6-7 de septiembre, el último antes de que se inicie la campaña (prevista en el texto) de 15 días previa al referéndum. Ello da, aún, tres opciones para que se aborde en la Mesa. Este día 22, el martes 29 e, incluso, aunque no es habitual por la proximidad del pleno, el 5 de septiembre. La simple inclusión en el orden del día generará una respuesta inmediata del Estado para que el Tribunal Constitucional (TC) suspenda la ley.

De hacerlo ahora, la secuencia de hechos aproximaría la polémica en exceso a la gran manifestación unitaria contra el terrorismo del sábado. Por otra parte, propiciar la eclosión del asunto en la misma semana del pleno, donde se sucedería tanto la suspensión del Estado como la desobediencia del Parlament, 'calentaría' la Diada del lunes siguiente. Calendario en mano el dilema es de fácil resolución para el frente independentista.

Ello no quita que haya habido alguna voz en la trinchera secesionista que haya pedido que la inclusión por parte de Carme Forcadell se hiciera inmediatamente con el objetivo de demostrar que la violencia terrorista no afecta al normal desarrollo de los asuntos políticos, aunque la gestión de los tiempos que realiza Junts pel Sí ya incluía esa tensa espera hasta la primera semana de septiembre.

Cuando JxSí y la CUP entraron la ley en el registro de la Cámara, el pasado 31 de julio, se dio por hecho que en la segunda quincena de agosto, especialmente habilitada sospechosamente este año, se iba a dar curso. De hecho, cuando el pasado martes la presidenta del Parlament orilló el asunto, Ciutadans, PSC y PP unieron sus voces para quejarse amargamente de ello por entender que la decisión de Forcadell oscilaba entre la burla y la improvisación.

TODAS LAS VÍAS ABIERTAS

El mar de duda en el que los independentista pretenden sumir al Gobierno incluye, incluso, el mismo procedimiento de aprobación de la ley. En una entrevista de ACN, el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas, afirmó que "todas las vías que pueden llevar a la aprobación de la ley están abiertas", lo que significa que, al final, puede no tratarse de un trámite parlamentario sino de una acción directa del Govern.

Entre otros motivos, y aunque parezca casi una broma, porque el reglamento de la Cámara que permite la tramitación exprés del texto, la llamada lectura única, se halla ahora mismo suspendido por el Tribunal Constitucional, tras el pertinente recurso del Gobierno. El propio TC, la semana pasada, desestimó el recurso de súplica de la Generalitat para que se levantara la suspensión cautelar por espacio de cinco meses impuesta semanas antes.

Miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) notificaron la semana pasada a Forcadell y al resto de miembros de la Mesa la suspensión.