El Gobierno calcula que Romeva destinó 29 millones en 2017 a promover el 'procés'

El Gobierno de Mariano Rajoy sospecha que la Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, dedicó solo el año pasado 29 millones de euros a "actividades para internacionalizar el proceso independentista". Según fuentes oficiales, casi la mitad del presupuesto oficial de ese departamento (que contó con 64 millones para todo el año) se dedicó a promover la soberanía de Catalunya en el extranjero, porque la documentación encontrada para justificar los "gastos corrientes" de la Conselleria solo alcanza hasta los 35 millones de euros.

En estos momentos, el Tribunal de Cuentas está investigando el Diplocat, la red que creó la Generalitat para dar a conocer su propósito independentista y que el Ejecutivo central, amparado por el 155, está desmontando. El pleno del Tribunal acordó a finales de enero abrir una investigación para ver si ha habido desvío de dinero público entre los recursos asignados a la política de acción exterior del Gobierno catalán entre los ejercicios 2011-2017. Esta Conselleria en concreto vio cómo su presupuesto se multiplicaba en una progresión contraria al mal estado de las cuentas catalanas: en 2011 recibió 12 millones y en 2015, 34. Cuando Romeva presentó las cuentas en enero del año pasado dijo que la cifrar era tan elevada porque pretendía "asentar los pilares para convertirse en ministerio". 

Para llevar a cabo esa fiscalización, el Tribunal de Cuentas solicita información de hasta 29 entidades, entre ellas el Diplocat pero también el Institut Ramon Llull, Casa Asia y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Fecha de cierre

Por otra parte, el Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene casi finiquitada la red exterior de la Generalitat. Once delegaciones, todas menos la de Bruselas, han sido cerradas. Según fuentes oficiales, faltan algunos flecos en algunas ciudades del extranjero y también la sede de Diplocat en la avenida Diagonal de Barcelona. Un espacio de 230 metros cuadrados por los que se pagan 4.900 euros al mes y que también quedará vacío como muy tarde el 15 de abril, fecha que se ha marcado el Ejecutivo central para acabar con el instrumento de internacionalización del independentismo.

Los responsables de aplicar el 155 se han encontrado con problemas con algunos contratos de alquiler realizados por la Administración catalana en el extranjero y que no contaban con clásulas garantistas por si había que extinguir el pacto. Es lo que ha ocurrido y esos responsables han tenido que negociar las indemnizacios por romper el contrato de alquiler, en ocasiones muy altas.