El juez levanta a Falciani la prohibición de salir de su localidad
El magistrado, a petición de la defensa, retira la obligación del informático de pedir autorización judicial para salir del municipio. El resto de medidas cautelares, entre las que figuran comparecencias semanales y retirada de pasaporte, se mantienen
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha decidido atenuar las rigurosas medidas cautelares impuestas al exasesor informático Hervé Falciani y le ha retirado la prohibición que pesaba sobre él de abandonar el municipio en el que reside sin autorización judicial, lo que permitirá desplazarse por España.
Tras su polémico arresto el pasado 4 de abril por una orden de detención cursada por Suiza, la fiscalía solicitó su ingreso en prisión. Sin embargo, el magistrado De Egea le dejó en libertad, mientras se tramita la orden de extradición cursada por la condena de cinco años que los tribunales helvéticos le impusieron en rebeldía, pero con unas inusuales y férreas medidas cautelares que restringían sobremanera sus movimientos, ya que le obligaban a solicitar autorización judicial para poder salir de la localidad española en la que reside.
Esta medida es la que De Egea le ha levantado ahora, aunque le mantiene el resto de medidas cautelares impuestas: comparecencias semanales en el juzgado más próximo a su domicilio y prohibición de salir del país. El juez pidió a los embajadores de Francia e Italia que no le renovaran ni facilitaran nuevos pasaportes.
La fiscalía había pedido su ingreso en prisión incondicional por riesgo de fuga y la "complejidad del asunto", que requiere estudiar en profundidad cuál es el objeto real de extradición. Si fuera, como parece, el mismo por el que la Audiencia Nacional ya rechazó su entrega, fuentes fiscales habían señalado, tras conocerse el arresto, que debería ser rechazada por una figura equivalente al de cosa juzgada. Según el auto del magistrado, la reclamación se formulaba por "servicio de información económica agravada" o espionaje industrial, pero se refiere a la lista a la que dio nombre en la que identificó a 130.000 clientes del HSBC que podrían haber cometido fraude fiscal, entre ellos, 657 españoles.