Amnistía Internacional recoge más de 65.000 firmas contra la 'ley mordaza'

Amnistía Internacional ha recogido más de 65.000 firmas para reclamar al nuevo Gobierno que reforme la ley orgánica de seguridad ciudadana, más conocida como 'ley mordaza', por "atacar" a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información, según ha informado la oenegé cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la norma.

Para la organización, esta legislación ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, "sin introducir mecanismos de control adecuados".

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha señalado que, tanto la 'ley mordaza' como la reforma del Código Penal, están sirviendo para "procesar penalmente o sancionar administrativamente" por utilizar expresiones que "se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información".

"El nuevo gobierno de Sánchez ha asegurado que va a derogar los artículos que puedan socavar estos derechos: estaremos pendientes de que así sea porque después de tres años ya es hora de acabar con el efecto mordaza que provoca esta legislación", ha subrayado Beltrán.

84 condenados

En total, señala la organización, entre el 2015 y el 2017 se ha condenado a 84 personas en aplicación del artículo 578 del Código Penal que castiga el enaltecimiento del terrorismo o la humillación a sus víctimas, frente a las 23 condenadas entre el 2011 y el 2013.

Además, de las casi 19.500 sanciones impuestas en el 2016 por la aplicación del art. 37.4 de la 'ley mordaza', referido a las "faltas de respeto o consideración" hacia un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se ha pasado a 20.700 en 2017, a las que se añaden las 4.361 del primer trimestre de 2018 del que se tienen datos.

Dificultad para rebatir la versión policial

Así lo refleja la organización en un nuevo informe, en el que analiza cómo se ha consolidado el deterioro de estos derechos. En el estudio, Aministía Internacional señala que en numerosas ocasiones muchas de estas sanciones prosperan en el ámbito administrativo, no solo por la dificultad probatoria para rebatir la versión policial, sino por los costes aparejados a recurrir la sanción ante los tribunales, así como por la posibilidad de beneficiarse de la bonificación del 50% por "pronto pago".

La oenegé también critica que esta ley ha provocado durante estos tres años una "autocensura y autolimitación" en asociaciones y movimientos a la hora de llevar a cabo actos de movilización.

Precisamente, destaca el caso de una activista de Ecologistas en Acción que ha recibido una multa de 601 euros por, según la versión policial, haberse negado a identificarse frente a unos agentes cuando realizaba una protesta. "No me negué a identificarme, simplemente pedí explicaciones de por qué nos lo pedían y por eso me impusieron esta multa", ha asegurado la activista.

Además, la organización señala que la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia lleva acumulados 50.000 euros de multas, con cerca de 40 personas sancionadas, entre otros motivos, por no notificar las protestas y hacerlas en las vías en algunas ocasiones.

Eliminar disposiciones dudosas

Ante esta situación, Amnistía Internacional exige revisar en profundidad la legislación para eliminar aquellas disposiciones que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.

Asimismo, pide garantizar que todas las personas accedan a recursos "adecuados, efectivos y rápidos" cuando por la actuación de terceros, o también de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, consideren vulnerados sus derechos de reunión pacífica, expresión e información.

La organización también destaca que tanto el Gobierno central como los autonómicos con competencia en seguridad, deben asegurarse de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban la formación adecuada en materia de derechos humanos, garantizando y respetando el derecho de reunión, expresión e información de toda la población, permitiendo que los periodistas puedan realizar su trabajo, incluido grabar y difundir información de la Policía "sin injerencias injustificadas".

Por último, Amnistía Internacional demanda incorporar mecanismos "independientes" y "adecuados" de investigación, así como garantías "efectivas" de supervisión y rendición de cuentas de la actividad policial, para evitar el "uso excesivo" de la fuerza o actuaciones arbitrarias de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.