Así es el plan técnico para exhumar a Franco del Valle de los Caídos

Una pequeña funeraria de Guadarrama, localidad de la Sierra de Madrid, es la opción de Patrimonio Nacional para realizar los trabajos de extracción de los restos de Franco de su actual emplazamiento en el Valle de los Caídos, según fuentes del organismo, dependiente de Presidencia del Gobierno.

Se trata de la sociedad limitada Servicios Funerarios Nuestra Señora de La Jarosa, que administra el tanatorio de San Lorenzo de El Escorial, y que tiene sede en el vecino pueblo de Guadarrama. Las fuentes de Patrimonio consultadas defienden la elección como "la más lógica, por cercanía".

El propietario de la funeraria, Pablo Verdugo, no ha desmentido a EL PERIÓDICO que haya recibido ya la llamada de Patrimonio, pero guarda silencio sobre detalles del encargo como el coste. "Hasta ahí puedo leer", dice antes de pedir que no se le hagan más preguntas.

La elección de la funeraria a la que encargar la exhumación y traslado es uno de los detalles técnicos que ultiman estos días en Patrimonio Nacional, después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial diera el visto bueno urbanístico al plan de obra para abrir la tumba y habida cuenta del final del proceso administrativo.

DECISIÓN DE MONCLOA

A ese proceso le quedan pocos días. El Gobierno ha confirmado que incluirá en la agenda del próximo Consejo de Ministros el decreto de exhumación de Franco. Ha sido el presidente Pedro Sánchez quien, a primera hora de este lunes, ha dado orden de que se incluya, informa Iolanda Mármol, a quien fuentes del Ejecutivo, pese a que consideran que la familia Franco está bien asesorada, dan por "definitivo e inapelable" el paso legislativo previsto para este viernes.

El Ejecutivo estudiará conceder, en el mismo decreto de exhumación, 15 días de plazo a la familia Franco para que señale el lugar de reinhumación. Esa concesión se hará "con el fin de mantener las máximas garantías en el procedimiento para los familiares˝, informan en Moncloa.

El Gobierno considera que existe "una imposibiidad legal" de reinhumar a Franco en la catedral madrileña de La Almudena, porque "supondría evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad en la catedral y su entorno" y porque el Ejecutivo "no puede asumir la exaltación que supone mantener nuevamente la tumba de Franco en un lugar accesible y abierto al público de las características de La Almudena".

AL SUPREMO Y AL CONSTITUCIONAL

Desde Moncla se asegura que, transcurridos los 15 días, "se procederá a la ejecución material del acuerdo". Pero estos son los plazos administrativos. Los judiciales son otros.

El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, va a recurrir todo el contenido del acuerdo ante la Sala III del Tribunal Supremo, la que entiende de jurisdicción contencioso-administrativa. Para hacerlo, la legislación en materia de contencioso le da dos meses a partir de la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado, aunque el letrado podría no agotar ese plazo de presentación del recurso.

Además, Utrera-Molina solicitará al Tribunal Supremo que eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre los supuestos de violación de la intimidad personal y familiar de los Franco, derechos religiosos y una supuesta ausencia de la "extraordinaria y urgente necesidad" que motiva el decreto-ley que puso en marcha el proceso.

El plazo habitual de un fallo del Tribunal Supremo en una cuestión contencioso-administrativa es de un año. Cuánto tardaría en resolver el recurso de los Franco es una incógnita.

TRES PEONES, LADRILLOS, CEMENTO Y ARENA

La decisión de Sánchez de llevar la exhumación al Consejo de Ministros se ha producido tras la recepción de un informe de la Abogacía del Estado, el último que estaba pendiente en el proceso administrativo que desarrolla el decreto inicial del pasado 24 de agosto. Otro informe, este técnico y de Patrimonio Nacional, desarrolla los aspectos técnicos que ultima ese organismo.

El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, fue solicitado por el Ministerio de Justicia a Patrimonio el pasado 13 de noviembre, y la entidad le dio contestación a la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, cinco días después. Se trata de una memoria titulada "Proyecto de actuaciones arquitectónicas en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos", y elaborada por los técnicos de la Dirección de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional. El texto describe las labores "para realizar la retirada de la losa sepulcral de don Francisco Franco Bahamonde y la posterior reposición del solado en la basílica".

Las fuentes consultadas de Patrimonio Nacional prevén la participación de cuatro peones de mantenimiento. Los operarios habrán de emplearse, según el informe, durante tres horas en la retirada de la losa, y dos días más para la colocación de un forjado y losas nuevas sobre el hueco ya vaciado.

Las mismas fuentes señalan que ya están elegidos los cuatro operarios, personal de la entidad, que hacen trabajos habitualmente en los monumentos de San Lorenzo de El Escorial. El informe señala que ese equipo "dispone del acopio necesario de materiales (mármol, ladrillos, cemento, arena y agua…)" para los trabajos. Y descarta que se tenga que elaborar "ningún expediente administrativo adicional" por contrata, al tratarse de personal en plantilla de la entidad pública.

A esos operarios les acompañarán durante la exhumación, aparte de algunos frailes de la abadía benedictina que custodia el Valle, un fotógrafo de Patrimonio Nacional y, en el momento de extracción del féretro, los descendientes que designe la familia Franco.

El informe apunta que el trabajo –al que considera, como el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, "una obra menor"- "revertiría la situación del pavimento de la basílica a la original, anterior a 1975", e incluye fotos del altar anteriores al entierro de Franco.

El coste de las obras ascenderá, según el informe, a 3.783,90 euros (IVA incluido). La cuenta que hacen los técnicos de Patrimonio Nacional no incluyen las pompas fúnebres, pues la fase de extracción, traslado y reinhumación "debería ser contratada a una empresa de servicios funerarios". En la familia Franco no están dispuestos a pagar un euro; consideran que todos los gastos deberá asumirlos el Estado.

Facilita los trabajos un detalle legal que ha aflorado en el proceso de exhumación y que subraya la memoria técnica: el Valle de los Caídos, su cruz su basílica, no es un Bien de Interés Cultural. No tiene esa calificación oficial ni aparece en el registro del Ministerio de Cultura. De estar en ese fichero, explican fuentes de Patrimonio, la planificación para exhumar a Franco "habría sido notablemente más compleja".