La defensa denuncia que el caso espías es un 'juicio político entre PSOE y PP'

Ramón González Bosch, abogado de tres acusados de espiar en el 2008 a rivales de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, ha alegado en la vista que este caso es "un juicio político entre PSOE y el PP" en el que "como en todas las guerras no mueren los generales sino los soldados".

La Audiencia Provincial de Madrid juzga al exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la administración regional, acusados de delito de malversación por el PSOE y por la Comunidad de Madrid.

Enrique Molina, abogado de Gamón y Castaño, ha pedido la absolución de ambos por la nulidad de la prueba obtenida en este procedimiento y por no haberse acreditado tal espionaje.

Los letrados de los guardias civiles y del técnico han solicitado la anulación del procedimiento y la disolución del jurado para que se dicte una sentencia absolutoria sin necesidad de veredicto por la nulidad de la pruebas, a raíz de las nuevas revelaciones realizadas en la vista por el excomisario de Policía Jaime Barrado, además de que se abra una investigación para depurar responsabilidades.

Jaime Barrado denunció en su declaración como testigo "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" , así como "irregularidades" de los entonces responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, José Luis Olivera, y fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.

BENEFICIO DE LOS PARTIDOS

Ramón González Bosch, defensor de dos de los guardias civiles que supuestamente realizaron los seguimientos y del técnico que presuntamente redactó los partes de los mismos, ha estimado que este procedimiento "solo beneficia al PP y al PSOE", que a su juicio no han hecho nada para esclarecer los hechos.

"En las guerras no mueren los generales sino los soldados y en este juicio los generales no están ni se le espera", en referencia a los altos cargos políticos, ha comentado el letrado. Y ha apostillado: "Este es un juicio político entre el PSOE y el PP en el que las pruebas son ilegales".

El PSOE ha pedido penas de entre dos y cuatro años de prisión para los seis acusados y la Comunidad de Madrid multas de entre 1.800 y 18.000 euros por delito de malversación de fondos públicos por destinarlos a fines distintos a su función.

Por su parte la fiscal ha solicitado la absolución de los seis acusados al considerar que "no hay ninguna prueba que acredite ni la malversación ni esos seguimientos".