La rebelión flaquea

Queda mucho por delante, pero si algo está llamando la atención en estos primeros días del juicio al ‘procés’, al margen del empeño de todos los ‘exconsellers’ en negar que la declaración de independencia tuviera algún valor legal, son las dudas que suscita la preparación de la acusación. Los fiscales y la abogada del Estado han incurrido en numerosas imprecisiones en las cinco sesiones de la causa, y en los interrogatorios han incidido más en la eventual desobediencia de los acusados que en un supuesto apoyo a la violencia para conseguir la secesión.

Llama la atención sobre todo porque, de los procesados que han declarado hasta el momento –con los de este miércoles, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó, son ocho-, todos excepto Borràs y Mundó están en prisión preventiva acusados de rebelión, delito que requiere de algún tipo de intervención violenta. A falta de que declaren los testigos que confronten las respuestas de los ‘exconsellers’, los fiscales no parecen cerca de acreditar el componente “tumultuario” que especificaron en su escrito de calificación.

Joaquim Forn fue el acusado que tuvo que responder a más preguntas de la fiscalía que parecían destinadas a probar que existió violencia en el 1-O y en los días que lo precedieron. Era de esperar, por su condición de reponsable de los Mossos d’Esquadra cuando se produjeron los hechos. Pero el ‘exconseller’ de Interior respondió con seguridad a las cuestiones relativas a la salida de la comitiva judicial de la sede del Departament de Economia el 20 de septiembre, y el fiscal Fidel Cadena pasó rápido a otros asuntos.

Las acusaciones también han buscado la conexión entre los acusados y la violencia por la vía del documento ‘Enfocats’, encontrado en casa del exalto cargo de la Generalitat Josep Maria Jové. Ese ‘powerpoint’ contiene precisiones acerca de cómo la ciudadanía debía implicarse de una manera activa en la consecución de la independencia, y cómo se debía “incrementar el nivel de conflictividad” según fuera “la respuesta del Estado". Sin embargo, todos los procesados han dicho que no conocían ese documento, que Oriol Junqueras tildó de “extravagante y apócrifo” y Mundó de “estrambótico”.

En la mayoría de interrogatorios ha costado en ocasiones averiguar qué objetivo perseguían las preguntas de la fiscalía. No han ayudado los numerosos lapsus en los que han incurrido las acusaciones. La retahíla es abultada, pero, por citar solo algunos de los que se vieron este miércoles en el Tribunal Supremo: la fiscala Consuelo Madrigal, que interrogó a Rull, confundió la hoja de ruta de la ANC con la del Govern; inquirió al acusado sobre los cortes en la autopista AP-7, que pertenece en realidad al Estado; y se refirió varias veces a la “sindicatura electoral” suspendida por el Tribunal Constitucional como “sindicatura de cuentas”, lo que provocó que Rull no entendiera sus preguntas.

FACTURAS DUDOSAS

En cuanto a Fidel Cadena, que preguntó a Dolors Bassa, presentó como facturas documentos que, según los acusados, no demostraban ningún gasto de la Generalitat, confundió correos electrónicos con las referencias que hacían a esos mensajes los cuerpos de seguridad del Estado y equivocó el nombre de la productora que montó el centro de seguimiento de los resultados del 1-O (Mediapro) por el de la empresa Mediaset.

Pero, si lo que buscaban era desnudar el relato soberanista vigente hasta octubre del 2017, en cuanto a que el referéndum era “vinculante” y la declaración de independencia posterior buscaba establecer una república catalana, han tenido mucho más éxito. Si hasta este miércoles hubo ya pronunciamientos en este sentido, las de Josep Rull, Meritxell Borràs y, sobre todo, Dolors Bassa llamaron la atención por su rotundidad.

La ‘exconsellera’ de Treball, la primera dirigente de ERC que respondía a las acusaciones –no lo hicieron ni Junqueras ni Raül Romeva-, fue meridianamente clara. Según ella, cuando el TC suspende la ley del referéndum, el 7 de octubre del 2017, el Govern “lo acata todo”. El referéndum, dijo, "nunca fue previsto como un acto concluyente, y menos para la independencia". Fue "un acto más dentro de la legislatura”, aseguró.

Son palabras que desconcertarán al independentismo, porque no casan con las promesas del Govern previas al referéndum. El ‘expresident’ Carles Puigdemont, por ejemplo, dijo tras la firma del decreto de convocatoria del 1-O que la decisión de los catalanes sería “vinculante”, y todos los partidos soberanistas se han referido al “mandato del 1-O” como una de sus guías de actuación en los últimos meses. Este miércoles, Rull situó en el plano "teórico" los planes para llevar a cabo la secesión.

Tanto Rull como Borràs negaron también validez legal a la declaración de independencia, y aseguraron que si no hicieron caso de las advertencias del Tribunal Constitucional sobre el referéndum fue porque, como Turull, “ponderaron” su decisión y, entre “el imperio de la ley” y el “mandato de los ciudadanos”, eligieron el segundo. Mundó, por su parte, hizo una defensa técnica de su inocencia desde el principio: solo está acusado de malversación y desobediencia, y rehuyó las preguntas que no tuvieran por objeto esos delitos. El 'exconseller' de Justícia sí dijo que acató desde el principio los requerimientos del TC. 

Desde fuera de la sala alguien tenía algo que decir sobre ese dilema entre ley y programa electoral al que aluden constantemente los dirigentes independentistas. El Rey Felipe VI, cuya comparecencia como testigo desestimó el tribunal, afirmó este miércoles que "no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia”. Lo afirmó en el Congreso Mundial del Derecho, pero los destinatarios de esa reflexión estaban sentados en el banquillo de acusados del Tribunal Supremo. Y, quizás, en el Palau de la Generalitat.