El Gobierno no dará un euro más a los frailes del Valle de los Caídos mientras no aclaren sus cuentas

Los frailes benedictinos de la abadía del Valle de los Caídos no volverán a administrar fondos del Estado mientras, a juicio del Gobierno, no presenten “un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado y fundamentado, que pueda ser analizado económica y contablemente”, dice un requerimiento que Patrimonio Nacional –entidad dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno- les envió a finales de enero pasado.

Desde entonces, la comunidad que gobierna el abad Santiago Cantera tiene oficialmente bloqueada la subvención anual de 340.000 euros que venía entregándoseles –siempre en esa cantidad- desde 2014.

El pago retenido corresponde al ejercicio 2018, y mana de la sección 25 de los Presupuestos Generales. Pese a los lamentos por una supuesta "asfixia" financiera que hace en medios eclesiásticos el abad Cantera, fuentes de Patrimonio Nacional explican que el retraso en la entrega de la subvención "no es mayor que el que ha habido otros años". La diferencia es que esta vez no es retraso burocrático, sino retención cautelar.

"CONTABILIDAD DESASTROSA"

Fuentes de Patrimonio Nacional explican que "reiteradamente", la abadía presenta "una contabilidad desastrosa e incomprensible, que no justifica los gastos ni reseña adecuadamente los ingresos".

Pese a que Moncloa mantiene cerrado el grifo de la subvención, Patrimonio Nacional "sigue pagando el agua y la luz", indican fuentes de esa entidad. Desde luego, no la del bar del complejo, donde no se sirve agua del grifo desde hace meses porque, a causa del deterioro de las cañerías, "no es potable", repiten con cara de circunstancias las camareras. La cafetería paga a la Abadía un canon de 36.000 euros anuales por el derecho de vender refrescos y comidas a los visitantes.

La subvención está depositada en las cuentas de Patrimonio Nacional, dado que el organismo preside la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es a su vez la entidad creada por el franquismo para detentar la propiedad del monumento. Los 340.000 euros deben ir en su totalidad al sostenimiento de la abadía, la hospedería que gestionan los frailes y la escolanía de niños cantores que aprenden música gregoriana en el Valle, además de un Centro de Estudios Sociales que está prácticamente inooperativo.

A 95 EUROS EL FIN DE SEMANA

La hospedería que regentan los frailes en un llano detrás del risco y la Cruz de los Caídos es en toda regla un negocio hostelero: de hecho se anuncia en Booking. Para este fin de semana, por cierto, ofrece una habitación doble por 95 euros las dos noches. Pero los beneficios del negocio solo llevan cuatro años bajo el ojo del Fisco, pues antes de 2015 la Fundación no tenía ni siquiera CIF, con lo que no tributaba. "Y si difícil es fiscalizar los alojamientos, más aún lo son las donaciones que recibe la abadía, y el cepillo que recogen los frailes en las misas", dice un asesor del Gobierno para asuntos de Memoria Histórica.

La misma fuente sostiene que, de no presentar cuentas en tiempo y forma, los frailes podrían estar incurriendo "en un supuesto de mala administración que viola el pacto que hizo el Estado con ellos para la custodia del Valle".

El Convenio entre la Fundación y la abadía, del 29 de mayo de 1958 y por el que los monjes se establecieron en el Valle, establece en su punto 10 que el convento "redactará en el tercer trimestre de cada año natural el presupuesto que habrá de regir para el año siguiente, y en el cual se recogerán, con el debido detalle, todos los ingresos y gastos previsibles". Las fuentes de Patrimonio Nacional consultadas insisten en que, transcurrido un mes de bloqueo de la subvención, "no se ha recibido la información solicitada".

FÓSIL LEGAL

El problema reside, básicamente, en que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, y por recomendación del Tribunal de Cuentas, exige desde 2017 que en el presupuesto de la Fundación se integren, además de los ingresos y gastos sufragados por Patrimonio, también los gestionados "autónomamente" por la abadía (la escolanía y la hospedería).

El estatus legal del Valle es un fósil jurídico. Dos decretos leyes franquistas, de 1957 y 1967, el mencionado convenio y dos reglamentos de la época regulan la Fundación y su patronato. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos aún no se ha adaptado a la actual Ley de Fundaciones, y Patrimonio Nacional ejerce una presidencia provisional en el patronato.

Por esa provisionalidad, los terrenos y edificios del monumento son hoy de la entidad sólo de forma indirecta. Son 49 parcelas, rodeadas de un bosque de 1.377 hectáreas, con un valor catastral de 21.009.486 euros y 55 céntimos. Esas anotaciones catastrales contienen edificios que a su vez guardan 614 "bienes muebles históricos-artísticos", según un inventario de Patrimonio Nacional; un conjunto que "ha permanecido inalterable en los últimos cinco años", pero cuyo valor no está calculado por el Gobierno.