POLÉMICA
Vox reclama al Gobierno andaluz los datos de los trabajadores de violencia de género
La formación de ultraderecha cuestiona la cualificación de los trabajadores de las unidades de evaluación de las víctimas de violencia machista. PSOE y Adelante Andalucía arremeten contra la posibilidad de que haya "listas negras" y una "purga"
Santiago Abascal en un acto de La Razón.-GETTY IMAGES
Vox mantiene su cuestionamiento de la lucha contra la violencia de género y los derechos de las mujeres, especialmente en Andalucía, donde su programa electoral calificaba estas políticas “ideología de género” que hay que desmantelar y derogar. A escasos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el primer paso ha sido registrar en el Parlamento andaluz una petición para requerir al gobierno regional la relación de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Su interés es comprobar si cuentan con la cualificación adecuada para llevar a cabo estas labores, ratificando su tesis de que estos organismos, o los centros de asesoramiento a la mujer, son entidades creadas para cobrar ayudas y que los fondos no acaban en manos de las verdaderas perjudicadas. Tanto PSOE como Adelante Andalucía han cargado contra una propuesta que califican directamente como “purga” y “persecución”, aunque desde Ciudadanos, socio del ejecutivo, se han apresurado a matizar esos empleos “no peligran” y cuestionan que se puedan dar los datos.
Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la Libertad de un acusado o el futuro de niños
— Francisco Serrano (@FSerranoCastro)
La noticia ha incendiado las redes sociales, que ha respondido con el hastag #ApuntaMiNombreVox, convertida en apenas unas horas en trending topic nacional. En la petición, formalizada el pasado 20 de febrero, Vox requiere una relación “detallada” de esos trabajadores de las unidades encargadas de determinar el riesgo que sufren las víctimas de malos tratos. Requieren "nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”, según consta en el documento presentado en la cámara andaluza. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se han hecho eco de la petición
La propuesta surge al amparo del artículo 7 del Reglamento del Parlamento regional, que obliga al Gobierno andaluz a facilitar, siempre que se respete la Ley de Protección de Datos, la información solicitada por los grupos para permitir el ejercicio del control al gobierno autonómico. En este sentido, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, explicó este viernes que se trata de uno más de los requerimientos de información que su partido hará “para fiscalizar el destino de las ayudas y fondos recibidos en los últimos años” desde la Junta en varios ámbitos. El vicepresidente de la Junta y líder naranja en Andalucía, Juan Marín, restó importancia a la petición asegurando que Vox “está claro no va a conseguir que Ciudadanos se mueva ni un solo milímetro de las posiciones que ya hemos marcado”, y que no incluyen retrocesos en la lucha contra la violencia machista. Desde el ejecutivo se escudaron en la Ley de Protección de Datos para deslizar la dificultad de facilitar esa información.
"LISTAS NEGRAS"
No obstante, en las redes sociales, el que fuera candidato de la formación ultra a la presidencia de la Junta, el juez Francisco Serrano, ha dejado ver la carga de profundidad de su propuesta, adelantada por el diario Abc este viernes, y su interés por indagar en la cualificación profesional de los distintos trabajadores para gestionar los casos relacionados con la violencia de género. “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niño”. Con anterioridad, Serrano ha cuestionado la efectividad de estas unidades, a las que ha acusado de interferir y perjudicar los casos de custodia de menores, calificando estas unidades y a las asociaciones feministas de “lobbies”.
La noticia ha causado “estupor” entre las distintas formaciones políticas, según señaló la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, para quien el contenido de la petición suena a “otros tiempos” en los que se “hacían listas negras” y que “pensé que nunca tendría que conocer”. La expresidenta andaluza defendió que los trabajadores afectados son gente que “curra para proteger la vida” y lamentó que Vox en realidad lo que pretende es “señalar” para que empiecen a “avergonzarse de lo que hacen” y a “ocultar a lo que se dedican”. En la misma línea, desde Adelante Andalucía han reprochado que la ultraderecha “comienza la persecución a quienes luchan” contra la violencia de género y que además lo hacen “con el beneplácito de PP andaluz y Ciudadanos”. “Sentíos orgullosos de vuestros compañeros de viaje”, les afeó en redes sociales el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, animando a que la movilización del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, “debe ser histórica”.