JUICIO DEL 'PROCÉS'
Los jueces del tribunal que están en la junta electoral eluden los temas que afectan al juicio
Ana Ferrer y Luciano Varela, designados por sorteo, se abstuvieron de intervenir sobre los lazos amarillos. Tampoco lo harán en los asuntos que afecten al juicio que se sigue en el Supremo contra los líderes del 'procés'
El parque de la Ciutadella (Barcelona) con lazos amarillos, el pasado 17 de enero-FERRAN NADEU
Los magistrados del tribunal del 'procés' que forman parte de la Junta Electoral Central (JEC), Ana Ferrer y Luciano Varela, se abstuvieron este lunes de participar en el debate y decisión relativa a los lazos amarillos y esa será la posición que mantendrán con todos los asuntos que puedan tener cualquier relación con el juicio que se sigue en el Supremo contra los 12 líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, malversación y desobediencia.
La Junta Electoral Central decidió este lunes que la Generalitat tiene que retirar de forma inmediata los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos porque son "símbolos partidistas" que no deben estar presentes en las instituciones durante la competición electoral. Tanto Ferrer como Varela forman parte del órgano supervisor por "insaculación" entre todos los magistrados que forman el alto tribunal. Se da la circunstancia de que ambos son miembros de la Sala Segunda y que, además, forman parte de los siete que componen la Sala que juzga el 'procés', por lo que han decidido no intervenir en ningún asunto que pueda tener relación con esta causa.
De ahí que se abstuvieran de la decisión relativa a los lazos amarillos, que sí se les permitió en el juicio a los acusados, y lo harán de cualquiera relacionada con el procedimiento, como podría ocurrir con algún asunto relativo a las candidaturas anunciadas de los presos y huidos. Los primeros están a disposición de la Sala juzgadora y los segundos, como el propio Carles Puigdemont, siguen procesados ante el alto tribunal, aunque la causa se encuentre suspendida respecto a ellos hasta que estén a disposición de la justicia española.
Los recursos contra la decisión de la Junta Electoral Central, como en el que trabaja la Generalitat, corresponde resolverlos a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.