Sánchez estudiará endurecer las sanciones a Maduro

El Gobierno analizará la semana que viene si endurece las sanciones a Venezuela más allá de las que ya fijó la UE en el 2017. El Ejecutivo está pendiente de las conclusiones del Grupo Internacional de Contacto (GIC) que se reunió con el líder chavista y el presidente encargado, Juan Guaidó el jueves y el viernes en Caracas. Si se constata la percepción -arraigada en Madrid- de que Nicolás Maduro no tiene intención de poner rumbo a unas elecciones libres, la Moncloa abogará por incrementar la presión, según adelantan fuentes gubernamentales a EL PERIÓDICO. El recrudecimiento de las sanciones se concretaría en dos direcciones: congelación de activos financieros y restricciones en la concesión de visados. Para que que sean medidas verdaderamente efectivas sería necesaria la acción concertada de los socios comunitarios, a quienes España trataría de alinear.

Pedro Sánchez no ha tomado una decisión todavía. Aunque la percepción en Gobierno es que no hay voluntad por parte de Maduro de convocar unos comicios, el presidente en funciones quiere esperar a las conclusiones del GIC (integrado por una docena de países, entre ellos, España). Hay que ver qué posibilidades hay de acercamiento y ver si hay posibilidades de avanzar o no. En eso se basará la decisión, señalan fuentes del Gobierno.

Si se confirma la negativa de Maduro a unas elecciones libres y se constata que la cúpula chavista se atrinchera, España prevé plantear medidas más duras para dificultar la supervivencia del régimen en un momento tenso. La UE estableció sanciones a Venezuela en noviembre del 2017 (prorrogadas a finales del 2018 por un año más) pero están lejos de lo que ahora se pondría sobre la mesa. Entonces se estableció el embargo de armas y la congelación de activos a 18 cargos oficiales, entre los que están la primera dama, Cilia Flores; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Ahora se trataría de congelar activos financieros venezolanos y de restringir la concesión de permisos de residencia.

Según la Oficina de Información Diplomática (OID) España concedió en el 2018 un total de 2.658 visados, 491 más que el año anterior, un aumento provocado por el éxido de venezolanos y por la decisión de Sánchez de aumentar los visados en pos de acoger a quienes huían de la crisis. En lo que llevamos de 2019 se han entregado 586.

EUROPA, PATIO DE RECREO

Fuentes conocedoras de las conversaciones explican a este diario que Estados Unidos viene reclamando desde hace tiempo a la Moncloa que endurezca las sanciones y expropie los inmuebles que la cúpula afín a Maduro habrían adquirido en España con fondos irregulares. Según las mismas fuentes, la diplomacia de Washington ha planteado estas medidas económicas en conversaciones discretas y también han dejado recados más genéricos en la esfera pública. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrahams, criticó recientemente que haya mucha gente en Europa gastando libremente el dinero que le ha robado al pueblo de Venezuela y planteó a los países miembros que se cuestionen si quieren ser un patio de recreo para venezolanos que son criminales y sus familiares.

El Gobierno socialista también ha escuchado al embajador de Guaidó en Madrid, Antonio Ecarri, que pide que se eleven las sanciones y ha encargado a un destacado bufete de abogados que estudie la posible congelación de activos del Estado venezolano en el sistema financiero español.

Ecarri es uno de los 13 diplomáticos de Guaidó que se reunieron el miércoles en Madrid para coordinar sus acciones. Entre ellas, se comprometieron a impulsar un aumento de la presión sobre Maduro debilitado y crear un ambiente propicio para un proceso político creíble.

ACCIONES PENALES

En declaraciones a este diario, Ecarri defiende que las sanciones deben ser orientadas a personas jurídicas o naturales, que se compruebe que sus recursos son provenientes de delitos de corrupción en Venezuela. El embajador pide que la UE active los mecanismos necesarios para que las fiscalías de cada país puedan intentar medidas judiciales eficaces contra esa depredación de los bienes públicos que pertenecen a todos los venezolanos y reclama acciones penales contra las personas naturales así como acciones fiscales y mercantiles contundentes contra las personas jurídicas que no puedan demostrar el origen lícito de sus recursos económicos.

El Gobierno es consciente de que un eventual endurecimiento de las sanciones solo será efectivo si se aplica de forma coordinada por la UE, de modo que, de confirmar esa decisión, la llevaría a la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) para buscar una posición común. Si hay que presionar, cuantos más seamos, mejor, indican fuentes del Ejecutivo. Recuerdan que la posición española respecto a Venezuela ha tenido hasta ahora gran influencia en la política de la UE.