Por malversación
El juzgado empieza a bloquear las cuentas a procesados del 1-O
Han sido inmovilizadas sin esperar a que se resuelva los recursos presentados contra la fianza de 5,8 millones de euros que se ha impuesto a 17 de los investigados
Fachada de la Audiencia de Barcelona.-ÁLVARO MONGE
El juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha empezado a bloquear las cuentas bancarias de los procesados por malversación, para garantizar la fianza de 5,8 millones de euros que ha impuesto a 17 de los investigados por la presunta organización del referéndum.
Según han informado fuentes de las defensas, las cuentas bancarias de varios de los procesados por malversación han sido inmovilizadas este martes por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, sin esperar a que la magistrada resuelva los recursos presentados contra la fianza.
Los 17 procesados por malversación en el 1-O depositaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros -recaudados en la caja de solidaridad-, acompañado de un escrito en el que argumentaron que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones que el Supremo impuso como responsabilidad civil a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.
RESPONSABILIDAD CIVIL
La semana pasada, la secretaria del juzgado certificó en un escrito que faltan por pagar los 2,1 millones de la fianza exigida por la magistrada, por lo que daba por iniciados los trámites para garantizar esa responsabilidad civil.
Las defensas de los procesados han presentado un recurso contra la resolución de la magistrada Montserrat de Toro -cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20S en la Conselleria d'Economia fue clave para que las acusaciones imputaran rebelión a la cúpula del 'procés'- en el que defienden que es la jueza, y no la letrada de la administración de justicia, la que debe determinar la suficiencia o no de las fianzas mediante un auto motivado.
Ese recurso se une al que ya presentaron las defensas en contra de los 5,8 millones de euros de fianza impuestos, en el que sostienen que la justicia está reclamando indebidamente el dinero presuntamente malversado en el referéndum por duplicado, en los procesos abiertos en el Supremo y paralelamente en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.