Jové se niega a hacer una prueba caligráfica de la agenda Moleskine

El diputado de ERC Josep Maria Jové, exnúmero dos de Oriol Junqueras, se ha negado este viernes a hacer una prueba caligráfica para descartar ser el autor de la agenda Moleskine con datos clave del 'procés' y tampoco ha querido someterse a una pericial de reconocimiento de voz, según fuentres judiciales. Jové estaba citado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para declarar por su presunta vinculación con los preparativos y la organización del referéndum unilateral del 1-O. Ha sido una declaración breve, ya que el dirigente republicano, que comparecía ante el TSJC por su condición de aforado, se ha negado a contestar las preguntas del fiscal y solo ha respondido a su abogada pero sin entrar ni en la agenda Moleskine ni en el documento 'Enfocats', considerado la hoja de ruta del proceso independentista.

Jové ha llegado al TSJC arropado por una comitiva formada por unas 60 personas, entre ellas el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC) ; la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs; la 'exconsellera' y número dos de JxCat en Barcelona, Elsa Artadi, y el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera.

Se según fuentes judiciales, en su comparecencia en el TSJC, Jové se ha negado a reconocer como suyos los documentos que obran en la casa, como la citada agenda y el Enfocat. Es ahí donde la juez del TSJC, Maria Eugenia Alegret, le ha ofrecido hacer la prueba caligráfica y el imputado la ha rechazado. La intención de la defensa del diputado de ERC es impugnar la entrada y registro en la Consejería de Economía del 20 de septiembre del 2017 porque no ser trasladado  Jové ni su letrado. No pudieron por la cantidad de gente que había en la puerta del edificio. La impugnación se extenderá también a la casa del parlamentario, que, además, ha negado que tuviera nada que ver con la organización del referéndum del 1-O.

Jové fue unos de las personas que fueron detenidas durante la operación policial que se desarrolló el 20 de septiembre del 2017, en la que se realizaron registros, entre ellos el de la Conselleria d’Economia. La imposibilidad de la comitiva judicial de abandonar el edificio a causa de la multitudionaria protesta, uno de los episodios que la fiscalía recoge en su escrito de acusación por un delito de rebelión contra el cesado gobierno de Carles Puigdemont.   

El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1-0, destacaba en su exposición razonada remitida al TSCJC que el que fuera número dos de Oriol Junqueras y   actual diputado de ERC, Josep Maria Jové,  podría haber cometido varios delitos y hace referencia al documento 'Enfocat', considerado la "hoja de ruta" para conseguir la independencia, así como agendas manuscritas con anotaciones sobre qué hacer para materializar la "república catalana en el marco de la UE". El magistrado le atribuía la "organización logística" de la consulta soberanista.  La Guardia Civil incautó al ahora parlamentarios el 20 de septiembre del 2017 estos documentos considerados claves en el desarrollo del proceso independentista.

DISPOSICIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

La fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para atribuir a Jové su participación en actividades delictivas. Y cita su "absoluta inobservancia" al mandato del Tribunal Constitucional de prohibición de la consulta soberanista, así como "la disposición" desde su responsabilidad en el Ejecutivo catalán "de cuantos recursos públicos fueran precisos y necesarios para sufragar la consulta que, según se había convenido, debía llevarse a término".

La acusación pública argumenta que para la existencia del delito de malversación no precisa la cuantificación concreta y exacta del "dispendio de fondos públicos", sino que "basta" con que se acredite el empleo de dinero público a "fines contrarios a los propios a los de una Administración". La fiscalía subraya que desde dicha perspectiva resulta "claro y evidente" que determinados actos, como la cesión de locales públicos para el 1-0 (Jové tuvo una "clara participación"), se integran en el delito de la malversación. En su opinión, el que fuera secretario de Economía fue "responsable directo" e gastos relacionados con la consulta -como campañas de publicidad, buzoneo y captación de observadores internacionales- que ascienden a 2,2 millones de euros, a la vez que implica en la elaboración del censo electoral para la consulta.