De la Joya pide al juez del 'caso Villarejo' que le devuelvan las llaves de sus coches

El empresario Adrián de la Joya ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita al juez Manuel García Castellón que se le devuelvan las llaves y documentación de cuatro vehículos de alta gama -dos de la marca Porsche, un Ferrari y un Mercedes-Benz- que le fueron incautadas cuando fue detenido el pasado mayo en el marco del denominado 'caso Villarejo'.

En el escrito del empresario se explica que los cuatro vehículos pertenecen a la empresa suiza Pichler GFG AG, la cual "goza de un reconocido prestigio desde su creación en el 1988 en el área de ventas y servicios de automóviles de marcas de primer nivel, poniendo a disposición de sus clientes la utilización de estos vehículos en régimen de alquiler".

Según el investigado, él sólo utiliza estos coches "en mero régimen de renting" desde la puesta en circulación de los mismos en los años 2016 y 2017 y "los contratos entre el señor De la Joya y la empresa Pichler GFG AG para la utilización en régimen de alquiler de los citados vehículos es de lícito comercio y no guarda relación alguna con los hechos que se investigan".

Incautación innecesaria

Además, alega en su escrito que la incautación de los vehículos en el marco de la pieza denominada 'Pit' del 'caso Villarejo' no resulta "necesaria para asegurar el eventual decomiso de los bienes", ya que "no son de su propiedad, motivo por el cual, al margen del embargo, de ninguna manera puede disponer el señor De la Joya de estos vehículos, salvo para su utilización como arrendador".

"La intervención de las llaves de los vehículos resulta además especialmente gravosa, puesto que se trata de modelos de muy alto precio que requieren de un elevado mantenimiento por parte de la empresa propietaria y también de los usuarios, de forma que si los vehículos permanecen sin utilizarse de forma prolongada se ven abocados a importantes averías mecánicas que repercutirían directa y muy negativamente en el resultado económico de Pichler GFG AG, que no tiene ninguna relación con el presente procedimiento", argumenta De la Joya.

Por ello, y "con el fin de evitar los perjuicios derivados de la intervención de las llaves y documentación de los vehículos", el empresario pide al Juzgado Central de Instrucción número 6 que le devuelvan las llaves y la documentación de los coches "a los únicos efectos del cumplimiento del contrato de lícito comercio entre el investigado y la empresa suiza de venta y alquiler de vehículos".

Acreditar el vínculo legal

Ante la solicitud de De la Joya, la acusación popular ha presentado otro escrito, en el que se opone "en tanto en cuanto esta representación no acredite el vínculo legal" por el que el empresario "afirma ostentar la mera posesión sobre los vehículos".

De este modo, pide al magistrado instructor que antes de tomar cualquier decisión requiera a De la Joya "los contratos de arrendamiento financiero sobre los cuatro vehículos y justificante de los pagos de las cuotas de los arrendamientos desde su inicio" para que pueda demostrar el régimen de 'renting' que se argumenta y así poder descartar que los coches hayan sido pagados con dinero procedente de las presuntas actividades ilícitas por las que fue detenido en mayo.

De la Joya está imputado en la pieza número 4 del 'caso Villarejo', denominada 'Pit', por la que además del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y su socio Rafael Redondo, están siendo investigados el hermano de éste, Álvaro Pérez-Maura y los abogados Enrique Maestre, David Macías y Francisco Soucheiron, así como el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala Julio Ligorría y el intermediario Armando Mateo y el expolicía Antonio Bonilla.

Extradición de Pérez-Maura

Manuel García Castellón investiga, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, si desde los propios juzgados o desde la Policía Nacional se avisó al naviero Ángel Pérez-Maura de que Guatemala pediría su detención y extradición.

La orden internacional dictada por Guatemala contra Pérez-Maura por una macro causa de corrupción el 14 de abril del 2016 se dio de alta en las oficinas españolas de Interpol el 22 de aquel mes. Ese mismo día, el naviero presentó un escrito en la Audiencia Nacional diciendo que sabía por "periódicos digitales" que le estaban buscando y se ponía a disposición para no ser detenido.

Sin embargo, ese documento "no consta" en el expediente de extradición de Pérez-Maura que obra en la Audiencia Nacional y no ha sido hasta su detención al hilo del 'caso Villarejo' cuando ha aparecido: Lo aportó su defensa el pasado 10 de mayo, cuando fue interrogado en calidad de detenido, y junto al acuse de recibo del sistema LexNet que señala la tarde del 22 de abril del 2016 como fecha de envío a la Audiencia Nacional.

En todo caso, el expediente de extradición se abrió el 27 de aquel mes en el Juzgado Central de Instrucción 2, que tras mantener una comunicación con Interpol, suspendió la orden contra Pérez-Maura en vista de "la presentación voluntaria del requisitoriado antes de ejecutarse la detención en España". No consta, como resume Anticorrupción, que el naviero "explicara el medio ni el momento en que había tenido conocimiento de que se encontraba en situación de busca y captura".