Segunda prórroga de los Presupuestos de Rajoy

La posibilidad de ir a unas nuevas elecciones generales el 10 de noviembre retrasa aún más la toma de algunas decisiones económicas de las que están pendientes ciudadanos, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, empresas y trabajadores. Todo ello en un contexto de desaceleración y de empeoramiento de los indicadores económicos, como consecuencia del deterioro de la economía mundial  y de las tensiones comerciales, con la amenaza cada vez más cierta de un ‘brexit’ sin acuerdo el 31 de octubre. La ausencia de un Gobierno con plenas funciones a los mandos de la economía añade incertidumbre a las dificultades internacionales.

INGRESOS AUTONÓMICOS

La prolongación de un Gobierno en funciones está impidiendo actualizar en unos 4.500 millones de euros al alza la cuantía de las entregas a cuenta de la financiación autonómica asignadas a las comunidades para este año.  Los gobiernos regionales se quejan de tensiones graves en sus tesorerías y algunos han advertido de la necesidad de ejecutar recortes en sus presupuestos. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconoce problemas de tesorería pero niega que estos provoquen la necesidad de recortes presupuestarios.

SIN PRESUPUESTOS

Si la convocatoria de unas nuevas elecciones retrasa aún más la constitución de un nuevo Gobierno, el 2020 se iniciará con una nueva prórroga presupuestaria (la segunda) de los Presupuestos del 2018 que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy. Para la aprobación de una nuevas cuentas para el 2020 habría que esperar al primer trimestre del 2020, en el mejor de los casos.

EL IPC DE LAS PENSIONES

Con un Gobierno en funciones, las  pensiones tendrán que empezar el año con la subida mínima,  del 0,25%, prevista en la ley de la Seguridad Social. En los dos últimos años (2018 y 2019), las pensiones han subido por encima del 0,25%, de acuerdo con el IPC, porque así se estableció en la ley de Presupuestos.  Si no hay unos nuevos Presupuestos antes del 1 de enero, las pensiones están abocadas a subir el 0,25%, si bien una posterior aprobación de las Cuentas podría dotar de carácter retroactivo a una subida mayor, como en el 2018.

Algo parecido puede suceder con las retribuciones de los funcionarios y empleados públicos, que tendrán que empezar el año con congelación. 

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no obstante, ha dicho que un nuevo Gobierno ya constituido podría adoptar en diciembre por decreto ley una subida mayor de las pensiones.

En el caso de una posible nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional para el 2020, no es necesaria la existencia de una nueva ley de Presupuestos, pero sí es imprescindible que el Gobierno no siga en funciones.

PACTO DE TOLEDO

La mayor parte de los analistas coinciden en señalar que el mayor daño que la inestabilidad política puede causar a la economía española no es en el corto plazo, sino a medio y largo plazo, por el retraso en unas reformas cada vez más necesarias. El anuncio en febrero de la convocatoria electoral del 28 de abril provocó la ruptura del acuerdo para la reforma del sistema de pensiones al que ya habían llegado los grupos políticos en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El acuerdo incluía la revisión automática de las pensiones de acuerdo con el IPC y la incorporación de nuevas fuentes de financiación al sistema de la Seguridad Social. Los trabajos de la Comisión no se retomarán en tanto no haya estabilidad política.

REFORMA LABORAL

La convocatoria de las elecciones generales también acabó haciendo abortar en marzo los trabajos parlamentarios para modificar algunos aspectos de la reforma heredada del anterior Gobierno de Mariano Rajoy y considerados lesivos por los partidos de izquierda y por los sindicatos. 

Los trabajos estaban orientados a reducir la precariedad laboral en las subcontratas, recuperar cierto grado de ultraactividad en los convenios colectivos y acabar con la prevalencia del convenio colectivo de empresa sobre el sectorial.  Las dificultades políticas para ultimar un acuerdo en el que se estaba avanzando acabaron convirtiéndose en insalvables ante la inminencia de la cita electoral de abril.

ÓRGANOS REGULADORES

La mitad del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha terminado su mandato, incluido los cargos del presidente y de la vicepresidenta  y no existe un Gobierno con capacidad para impulsar su renovación. 

Esta circunstancia se produce, además, en un momento delicado,  en el que la CNMC tiene sobre la mesa una reforma regulatoria de los sectores eléctrico y gasístico que en la práctica puede suponer un recorte de la remuneración que reciben las empresas del sector y, en contrapartida, un abaratamiento de las facturas domésticas.