corrupción
Condenan a tres años a Correa y Crespo por la rama jerezana de 'Gürtel'
La Audiencia Nacional ha condenado al jefe de 'Gürtel', Francisco Correa, y a su número dos, Pablo Crespo, a tres años de cárcel por la adjudicación a la trama de tres contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez para Fitur 2004, y ha absuelto por prescripción a los cinco funcionarios del consistorio acusados en esta causa.
La sentencia de la sección segunda de la Sala Penal atribuye a Correa y Crespo delitos continuados de falsedad cometida por funcionario público y prevaricación y los condena también a siete años de inhabilitación. Los magistrados condenan asimismo a dos años y tres meses de prisión al exempleado de las empresas de 'Gürtel' Javier Nombela, y a un año y dos meses de cárcel a Isabel Jordán, exadministradora de sociedades de la trama, por el mismo delito de falsedad cometido por funcionario público.
Quedan absueltos por prescripción José Enrique Agüera, exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC); Manuel Báez Guzmán, secretario general del Ayuntamiento de Jerez; Lourdes Montenegro, técnico superior en dicho organismo; Milagros Pérez Pérez, interventora del consistorio, y Milagros Abascal, interventora delegada del IPDC.
En el juicio declaró como testigo la alcaldesa de Jerez en el momento de los hechos, María José García-Pelayo, ahora diputada del PP, aunque la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que reabra la causa contra ella por su presunta implicación en los hechos.
CARGOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
De acuerdo con la sentencia, Correa, aprovechándose de su amistad con el fallecido Isidro Cuberos, que estaba relacionado con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez, "obtuvo ilícitamente" para sus empresas Special Events y Down Town Consulting la adjudicación de tres contratos por importe de 214.028,71 euros para Fitur 2004.
Se trataba del montaje del expositor en la feria, un espectáculo ecuestre celebrado en la plaza Mayor de Madrid y otro espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el madrileño parque de El Retiro. Fue "una adjudicación directa de forma verbal" que, según los magistrados, vulneró la normativa de contratación pública y sus principios de "publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia, que exigía la tramitación de un concurso público.
Una vez terminada la feria se procedió a elaborar los expedientes administrativos y contables necesarios para darle apariencia de legalidad, colocándoles fechas falsas.
'MODUS OPERANDI' DE CORREA
El caso de Jerez, en su opinión, es una manifestación más del modus operandi del llamado Grupo Correa en el periodo investigado, entre 1999 y 2009: Correa captaba el negocio y prestaba a sus empresas y su personal para una contratación "absolutamente ilegal en beneficio de las mismas y en definitiva, en el suyo propio.
En la sentencia se considera probado que los funcionarios municipales enjuiciados colaboraron en una adjudicación "totalmente ilegal y arbitraria" y con "pleno conocimiento" de lo que hacían, pero los absuelve porque el procedimiento se dirigió contra ellos cuando los hechos ya habían prescrito.
Todos ellos, añade la sentencia, tuvieron una contribución eficaz y decisiva en la elaboración de esos expedientes antedatados después de terminado Fitur, de forma "consciente y voluntaria" y "a sabiendas de su ilegalidad y arbitrariedad.