La fiscalía se opone a anular la sentencia del 'procés'

La fiscalía no quiere que la sentencia del 'procés' se toque. Por eso ha presentado una serie de escritos contra los incidentes de nulidad presentados por los condenados y por la acusación que ejerció Vox. Analizando uno a uno los argumentos presentados por cada uno de ellos, el ministerio público pide que ni se admitan a trámites las impugnaciones interpuestas contra la sentencia y que son imprescindibles para poder recurrir las condenas al Tribunal Constitucional. 

En el caso de Vox, por ejemplo, la fiscalía argumenta que los incidentes de nulidad "no constituyen una tercera instancia y desde luego, no permite un análisis de los hechos y de la pruebas practicadas, por lo que a su través, no es factible la pretensión de modificación" de los hechos probados de la "sentencia par que incluye lo que la partes considera o no" como tal. Vox pretendía introducir en ese apartado de la sentencia ciertos datos, como la aprobación del Libro blanco de la transición de Cataluña, al entender que con ellos sería posible una condena por rebelión, como esa parte defendía.

La fiscalía llega a afirmar que pese a los sostenido por la acusación, la inclusión de esos datos en  los hechos probados tampoco tendría transcendencia a la hora de condenar por uno u otro delito. Y añade que el propio partido ultraderechista reconoce en su escrito que "carece de referentes comparativos por lo extraordinario de la situación analizada y  con ello, implícitamente, la inviabilidad de su pretensión",  porque "no concurren los presupuestos necesarios para tenerlo por presentado.

DERECHO A DECIDIR

Respecto a Dolors Bassa y Jordi Cuixart, condenados respectivamente a 12 y 9 años de prisión, los fiscales explican que su "queja carece de fundamento" y lamenta "el permanente cuestionamiento de la imparcialidad de los integrantes de la Sala Penal del Supremo", lo que considera que "está dirigido ahora en el curso del crescendo previsible a construir artificialmente una apariencia de parcialidad que sirva en instancias distintas para minar la credibilidad e imparcialidad del tribunal".

"Las reflexiones del tribunal sobre el derecho a decidir no fueron gratuita literatura con trasfondo político, sino contestación a las demandas de las defensas que habían alegado causas de justificación en amparo de su comportamiento para eliminar la tipicidad penal. Así lo dice la sentencia, que incluso duda sobre dónde incardinar la respuesta: en vulneración de derechos fundamentales o en juicio de tipicidad".