El Parlament exige la derogación del decreto contra la república digital catalana

El Parlament ha aprobado este jueves una moción de JxCat que pide la "derogación" del decreto digital aprobado por el Gobierno central y avala que el Govern active "todos los mecanismos legales y políticos" para defender las competencias de la Generalitat en este tema.

Por 74 votos a favor (JxCat, ERC, comunes y CUP) y 56 en contra (Ciudadanos, PSC-Units y PPC), el Parlament exige en el texto la "derogación inmediata" del real decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para abortar los intentos de creación de una "república digital" catalana.

El decreto prohíbe que los servidores de las administraciones públicas estén en "paraísos digitales" y permite también al Ejecutivo central intervenir en redes en casos puntuales en los que considere que existe una amenaza para la seguridad.

En la moción aprobada, el Parlament manifiesta su apoyo al Govern para que "active todos los mecanismos legales y políticos que sean necesarios para la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía" y "de las competencias de la Generalitat" frente al decreto digital.

COMPROMISO CON LA CARTA CATALANA

La moción también reafirma el compromiso del Parlament con la Carta Catalana de Derechos y Responsabilidades Digitales y expresa su apoyo al Govern para que "active todos los mecanismos legales y políticos que sean necesarios para la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, de las competencias de la Generalitat, así como de la innovación digital como motor de la nueva economía".

La diputada de JxCat Gemma Geis ha calificado el decreto como un "155 digital aprobado por la puerta de atrás" y ha agradecido a los comuns votar a favor, pese a que ha criticado que Unidas Podemos se abstuviera en la votación de esta medida en el Congreso. También ha sido crítica con esta abstención la 'cupaire' Natàlia Sànchez, que ha alertado de las consecuencias que puede tener el decreto: "En la práctica el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer un estado de excepción".

La republicana Aurora Carbonell ha definido el decreto como una versión digital de la 'Ley mordaza' y ha advertido de que acerca al Estado "muy peligrosamente a países como la China o Turquía".

Pese a que considera que el decreto recorta derechos y libertades, David Cid (Comuns) ha asegurado que Unidas Podemos se abstuvo en la votación en el Congreso porque consiguió el compromiso del PSOE de hacer una modificación posterior para mejorarlo y que no sea perjudicial para los derechos de la ciudadanía.

Dimas Gragera, de C's, ha acusado al independentismo de hacer victimismo con este decreto y ha expresado su apoyo a esta medida para hacer frente al "golpe digital en gestación" que cree que está preparando la Generalitat.

El socialista Pol Gibert ha rechazado que el decreto vulnere derechos y ha defendido que sirve para "reforzar las garantías de protección de datos personales", y ha cuestionado que esto enfade al independentismo cuando, según él, el Govern utilizó los datos de la ciudadanía para el censo del 1-O.

Además, la popular Esperanza García ha tachado la moción como "propaganda y victimismo" por parte del independentismo, y ha reivindicado que España es una democracia plena.