La estrategia de Torra para evitar la inhabilitación

A medida que los integrantes de la Junta Electoral Central (JEC) demoraban su deliberación respecto a la petición de Ciudadanos y el PP de retirar ya al 'president' su condición de diputado, cundía la preocupación en el cuartel central del Govern y de Junts per Catalunya. Con todo, la estrategia legal estaba preparada si sucedía el peor de los escenarios para Torra: que la JEC ordenara retirarle su acta de diputado y forzar así su inhabilitación.

De entrada, el Govern y JxCat consideran que la JEC usa un argumento excepcional, pensado para situaciones de terrorismo. Además, advierten de que se puede producir una gran paradoja: que Torra sea ya inhabilitado sin que haya sentencia firme. Y es que la inhabilitación dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no es firme a la espera de que el Tribunal Supremo, al que Torra ya ha recurrido, resuelva definitivamente el caso de los lazos amarillos colgados del balcón del Palau de la Generalitat y otros edificios públicos en período electoral la pasada primavera. Podría suceder que el Supremo diera la razón a Torra y este estuviera ya apartado del cargo.

El Govern y JxCat advierten además de que la orden de la JEC no es aplicable porque choca con el Estatuto y con la Ley de Presidencia y del Govern. Respecto al Estatut, alegan que despojar a Torra de su condición de diputado no implica retirarle la condición de 'president'. Con todo cabe recordar que sí es obligatorio en Cataluña ser diputado para poder ser investido 'president'. El Govern también recuerda que si se lee la ley de Presidencia, entre las causas de sustitución del jefe del Govern no está la que esgrime la JEC. En concreto, el artículo 7.2 de la ley de Presidencia afirma que el 'president' será inhabilitado "con una sentencia firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos". Torra no ha sido inhabilitado con una sentencia firme.

EL PAPEL DEL PARLAMENT Y EL FACTOR TORRA

A la batalla legal que se abre de inmediato hay que añadir el conflicto institucional que sin duda va a abrirse. No en vano, Torra ya anunció al conocer la sentencia del TSJC que pediría al Parlament que se pronunciara en contra del TSJC. El 'president' aseguró que sólo el Parlament puede cesarlo y cargó duramente contra el tribunal que lo condenó y contra el sistema judicial español. En el seno de JxCat se admite que existe, pues, un factor personal, el factor Torra, que ya se puso en evidencia cuando el 'president' decidió mantener la pancarta pese a las advertencias políticas y jurídicas internas que recibió en sentido contrario. Se añade además que esta crisis llega en plena tensión interna entre JxCat y ERC por la decisión de los republicanos de facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que la actuación de Torra rebelándose contra la JEC y contra las instituciones del Estado será un factor extra de presión a ERC.

PARALIZAR O NO LA EJECUCIÓN

Pero más allá de la batalla legal y política, la gran incógnita inmediata es si el recurso que el Govern ha anunciado contra la decisión de la JEC paralizará o no la inhabilitación inmediata de Torra. El Govern confía en que sí se paralizará la decisión, pero fuentes jurídicas citadas por Europa Press indican que según la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la mera interposición de cualquier recurso "no suspenderá la ejecución del acto impugnado", excepto cuando una disposición establezca lo contrario, que no es el caso.

No obstante, según Europa Press, el Supremo puede dejar en suspenso la decisión de la Junta Electoral si considera que mantenerla en vigor en tanto resuelve su recurso ocasionaría a Torra o al interés público un perjuicio "de imposible o difícil reparación", de acuerdo a las previsiones de la misma ley. Este es el precepto al que se acoge el Govern y JxCat para confiar en la suspensión de la ejecución de la JEC.