Torra exige marcar el tiempo y el contenido del diálogo con el Estado con una cita previa con Sánchez

La consejera catalana de Presidència y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha confirmado que existen contactos entre los gabinetes de presidencia del Gobierno y de la Generalitat para un encuentro entre ambos presidentes. "Ayer mismo y hoy ha habido contactos entre los gabinetes del presidente Torra y del presidente Sánchez para hallar lo antes posible la fecha de encuentro acordada en la conversación a final de año; ahora se trata de, aparte de felicitarle, poner sobre la mesa la negociación entre gobiernos", ha afirmado Budó tras la reunión del Consejo Ejecutivo.

La portavoz ha dejado así claro que antes de establecer la mesa de diálogo acordada entre ERC y el PSOE en el pacto de investidura habrá que fijar, entre partidos y entidades independentistas, los "contenidos, condiciones y garantías" de este marco de diálogo. Budó ha subrayado que ha sido un solo partido [ERC] el que ha negociado facilitar la investidura de Sánchez "y a partir de aquí el Govern tiene la voluntad de que todos los actores del independentismo puedan formar parte de este acuerdo". Y acuerde, más allá de ERC, las condiciones para el diálogo, lo cual dará "más fuerza" a la negociación.

MEDIDAS CAUTELARÍSIMAS Y NO ACATAR A LA JEC

Budó ha explicado que se presentarán o se ha presentado el recurso del presidente pidiendo al Supremo medidas "cautelarísmias" para no ejecutar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la pérdida de condición de diputado de Torra. "El Govern no aceptará la inhabilitación ni como diputado ni como presidente", ha afirmado, citando la resolución del Parlament del pasado sábado en defensa de Torra. "No está sobre la mesa el escenario de elecciones, el vicepresidente ha mostrado voluntad de dar continuidad a la legislatura, la convocatoria inmediata de elecciones no está sobre la mesa", ha añadido la portavoz. Budó ha asegurado que la pérdida de condición de diputado no tendría como consecuencia la pérdida de la condición de presidente, pese al criterio del letrado mayor del Parlament al respecto.

Preguntada sobre si se desacatará la resolución definitiva del Supremo sobre la cuestión de los lazos amarillos, Budó se ha centrado en que la JEC no puede decidir sobre la pérdida de condición de diputado en el Parlament. No ha aclarado si este no acatamiento respecto a la JEC también se producirá cuando el Supremo dicte la sentencia firme sobre el caso de los lazos.

FACILITAR LA ASISTENCIA DE JUNQUERAS A ESTRASBURGO

"El Govern será diligente para garantizar que Oriol Junqueras pueda asistir como eurodiputado al pleno de Estrasburgo, confiamos que el Supremo acatará la sentencia dictada por el TJUE y que decía que Junqueras era eurodiputado y debía ser puesto en libertad. El Supremo ha de acatar lo que dictó el TJUE, que es también justicia española", ha afirmado Budó sobre Junqueras. "Si hay otro mecanismo para que [Junqueras] pueda asistir como eurodiputado, este Govern está preparado por indicación del presidente Torra y será diligente para hacerlo posible". "Hemos de respetar la defensa jurídica del vicepresidente Junqueras", se ha limitado a apuntar al ser de nuevo preguntada sobre este mecanismo, y ha insistido en que sea el Supremo el que acate la orden del TJUE.

Budó ha mostrado la "preocupación" por el hecho de que la semana pasada se bajara la bandera española del Palau de la Generalitat durante unos minutos. Fueron "personas ajenas al Palau, se ha abierto una investigación, no es normal", ha apuntado la portavoz.

El FLA

Por otra parte, el Govern ha decidido solicitar por segundo año adherirse al FLA, el fondo de liquidez para las comunidades que cumplen con la regla de déficit y deuda. El año pasado este fondo supuso un ingreso de 8.047 millones de euros y para el 2020 es de 10.257 millones, según ha informado la portavoz del Ejecutivo catalán.

El Govern  ha presentado también el proyecto de ley de facilitación de la actividad económica, para impulsar el principio 'only once' para que sólo se aporte una vez los datos para activar una empresa. La ley supondrá un ahorro de 34 millones de euros anuales, según la consejera catalana de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón. "Simplificamos, pero sin renunciar a las garantías", ha apuntado.