Militares a la calle con 45 años: "Sientes mucha impotencia"

María Isabel González entró en el Ejército con 27 años y se acaba de quedar en paro. Cumplidos los 45, como muchos otros militares de tropa y marinería, salió obligada de las Fuerzas Armadas. Quiere trabajar y siente "mucha impotencia" porque no puede y tiene que mantener a dos hijos con 645 euros al mes.

La historia de esta cabo es la de centenares de militares que, cumplida esa edad, pasan a la reserva y a cobrar una asignación que no les llega para acabar el mes. Se quejan de que aún tienen mucha vida laboral por delante y encuentran "ilógico" que no se les pueda recolocar dentro del Ejército. Actualmente, Interior y Defensa estudian que militares que dejen el Ejército se integren en Prisiones. Se trata de un plan que contempla ofertar plazas a quienes se encuentren en los últimos 10 años de filas y para los reservistas de especial disponibilidad.

La situación de González es consecuencia de una ley aprobada en el 2006 que afecta a 56.000 militares de los rangos más bajos, uno de los retos a los que se enfrenta el nuevo Ejecutivo y su reelegida ministra de Defensa, Margarita Robles.

Petición de derogar la ley

Esa ley de Tropa y Marinería, que las asociaciones militares piden derogar, da a estos profesionales escasas salidas antes de hacerse "mayores": ascender a oficiales con pocos puestos y una edad límite para optar, conseguir la permanencia mediante un concurso o presentarse a los cupos reservados a militares en las oposiciones de policías, Guardia Civil y algunas administraciones.

Si no, pasan a cobrar esos 645 euros hasta la edad de jubilación. "Me siento mejor con 45 que compañeros de 20", explica a Efe González, que está preparando oposiciones a funcionaria de Prisiones, para lo que necesita estudiar 8 horas al día durante 2 años con dos adolescentes a su cargo.

Precisamente esta semana se ha sabido que los ministerios de Interior y Defensa están estudiando crear un cupo para reservistas en estas oposiciones, lo que daría a María Isabel un respiro y le facilitaría la entrada.

Ella ha tenido que cambiar de destino varias veces en busca de la ansiada estabilidad. Pasó 15 años en bases de León, pero en su deseo de permanencia se movió a Burgos porque allí había más plazas.

"Me tocó hacer la maletita con mis dos hijos", pero no consiguió sacarse el concurso para quedarse en el Ejército hasta la jubilación. "Éramos 300 o 400 candidatos y solo había 50 plazas".

De vuelta a León, donde ahora reside, acabó su carrera. Su pareja, también militar, "está echando una mano" y la familia tira de ahorros. "Tengo mucha impotencia y rabia dentro porque no lo entiendo, no se por qué esto solo pasa con los militares. Con los policías, bomberos y guardias civiles, no".

La pensión, compatible con otros trabajos

Juan Carlos Tamame, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ilustra con cifras esta situación.

Actualmente, explica a Efe, hay 56.000 militares de tropa y marinería y en los últimos 5 años 1.800 se han quedado en la calle a los 45 cobrando la pensión, que es compatible con otros trabajos fuera de la Administración.

El problema es que llevan décadas dedicándose a labores muy específicas. "Hay conductores de carros de combate Leopard que valen 23 millones de euros, ¿qué van a hacer estos soldados cuando terminen en las Fuerzas Armadas si lo que han hecho durante 20 años es conducir un carro?"

Cifras en aumento

Por no hablar de paracaidistas, legionarios o soldados de infantería. "Tienen poca cabida en la sociedad, en la vida civil".

Y lo peor, avisa, está por llegar, puesto que se espera que a partir del 2023 las cifras aumenten. Ese año empezarán a cumplir 45 los que entraron en tropa en el boom de plantilla que empezó en el 2000 con la profesionalización del Ejército.

Su pronóstico es que en el 2023 cumplirán esa edad 2.000 soldados y muchos tendrán que salir del Ejército; en el 2024 otros 3.000 y en el 2025 unos 4.000 más.

Mariano Casado, de la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume), ve algunos avances con la ministra Robles. Han visto las orejas al lobo, dice, ante la avalancha que se espera. Y es que en la ley se contemplan planes de formación y recolocación que no se cumplen.

"Se están dando pasos ahora, pero se tenían que haber dado hace 10 años", opina Casado, que participó en una comisión parlamentaria para abordar el problema, el primer paso para una reforma legislativa.

Mientras, cree que es necesario facilitar la formación de estos militares, abrir plazas para ellos y convencer a las empresas desde la "alta política" de su valía para el sector privado.