Las urgencias sociales del nuevo Gobierno

Tras más de 10 meses de Gobierno en funciones, la nueva coalición PSOE-Podemos tiene una larga lista de tareas pendientes en materias sociales, si se lleva a la práctica la promesa que formuló Pedro Sánchez de que los valores progresistas van a inspirar su acción. Son medidas incluidas en los programas electorales, en el acuerdo programático y, en muchos casos, iniciadas durante los escasos meses de Ejecutivo socialista pero que, dado el adelanto electoral y la confrontación política, no vieron la luz. Tampoco se prevé que ahora decisiones como la de regular derogar la Lomce o reformar los delitos sexuales tengan un camino despejado, debido a la fragmentación del parlamento y a la feroz oposición que anuncia la triple derecha. Pero las necesidades no esperan. Las organizaciones civiles y los expertos apuntan en este listado los temas que urgen aprobar ya, en cada una de las principales áreas temáticas.

Igualdad, delitos sexuales y pacto contra el maltrato

El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha situado la reforma de los delitos sexuales, destinada a acabar con la diferencia entre abuso y agresión y llevar al Código Penal el solo sí es sí, entre las primeras medidas a aprobar. Y las organizaciones feministas lo apoyan. Según Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, urge acabar con la gran confusión y el margen de interpretación que permite el Código Penal. Asimismo, pide implantar medidas que impulsen la corresponsabilidad en los cuidados y la educación sexual. Por su parte, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, apunta que lo bueno de las políticas feministas es que la agenda es grande pero ya está definida y en este sentido afirma que es absolutamente prioritario recuperar el ritmo y el tiempo perdido en la puesta en marcha del Pacto contra la violencia de género, que contiene más de 200 acciones.

Educación, aumentar la inversión y revertir la Lomce

Todas las medidas incluidas en el acuerdo PSOE-Podemos son importantes, a juicio del secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García. Pero de ellas hay tres que resultan imprescindibles. La primera es aumentar la inversión en educación para volver a los niveles precrisis. Actualmente la inversión supone el 4,1% del PIB y se debería pasar al 5,1%. Sin recursos no hay resultados, concluye. La segunda es la derogación de la Lomce. Para ello, la norma cocinada por el equipo de Isabel Celaá guardada en un cajón por el adelanto electoral- tiene, en opinión de García, aspectos a mejorar. Queremos aportar nuestras ideas. No nos parece bien, por ejemplo, que la ley no diga ni una palabra del profesorado. La tercera medida urgente es, precisamente, la revisión de la profesión docente para adaptarla al siglo XXI, lo mismo que los currículos. Estamos en una sociedad tecnológica y cambiante. En las aulas se deberían aumentar las competencias y disminuir los contenidos, concluye.

Medioambiente, descarbonización y renovables

La primera misión del nuevo Gobierno será remitir a la Comisión Europea la versión definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que marcará la hoja de ruta para la descarbonización en la próxima década. El documento ya llega tarde. Tendría que haber sido entregado antes de que finalizara el 2019 y Bruselas presiona para recibirlo lo antes posible, lo que hará complicado consensuarlo con Podemos. También están pendientes la declaración de emergencia climática y la ley de cambio climático, cuyo anteproyecto pasó por el Consejo de Ministros pero no puedo tramitarse, según recuerdan las organizaciones ecologistas. Cuestiones clave como el ritmo de implantación de las energías renovables y el calendario de la eliminación de los coches de combustión figurarán en estos documentos.

Vivienda, la limitación de los precios abusivos

En el documento del Gobierno de coalición figura la polémica limitación de los precios del alquiler que ya constaba en el pacto de la moción de censura pero que el PSOE incumplió por la oposición de la ahora vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Podemos exigirá que sea una prioridad dado que requiere una reforma legal que facultaría a los ayuntamientos para llevarla cabo. Madrid ya ha anunciado que no la aplicará, pero el Ayuntamiento de Barcelona, su principal promotor, la espera como agua de mayo. El Gobierno también debería aumentar el presupuesto destinado a promover vivienda pública de alquiler social, como figura en el acuerdo y como reclaman todos los expertos.

Sanidad, fin de los copagos y atención universal

Aunque la sanidad y los servicios sociales están trasferidos a las autonomías, el nuevo Ejecutivo se ha marcado bastantes objetivos, entre ellos el reducir un 75% las listas de espera de la dependencia. Para el portavoz de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez, lo que más urge es acabar con los copagos introducidos por el PP en el 2012, que han motivado que 1,4 millones de personas dejen de comprar medicinas prescritas. Y para el presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública, Joan Ramón Villalbí, es prioritario recuperar de una vez por todas la vocación universal del sistema de salud, aprobando un reglamento que cierre la puerta a las exclusiones de inmigrantes sin papeles que aún practican algunas autonomías, pese a que se aprobó un real decreto destinado a garantizarles la atención sanitaria.

Justicia, nuevos retos en aborto y eutanasia

Una de las áreas en la que más dificultades probablemente va a tener el nuevo Ejecutivo de progreso será en la relativa a Justicia, de la que dependen dos cuestiones clave en el avance de los derechos individuales: la regulación de la eutanasia y la reforma del aborto.

La primera, la tiene ya encarrilada (aunque no tiene aún los votos garantizados), después de que el Congreso admitiera a trámite una propuesta del PSOE el pasado septiembre. La segunda, la que debería garantizar el derecho de las menores de 16 y 17 años a poder ejercer su derecho a la interrupción del embarazo, se subsanaría con la revocación del criterio introducido en el 2014 por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón que obliga a estas jóvenes a obtener el consentimiento paterno.

Inmigración, reforma del sistema de acogida y asilo

En materia de inmigración, las medidas contenidas en el acuerdo programático no incluyen algunas de las principales demandas de las oenegés, como el fin de las devoluciones en caliente o el cierre de los centros de internamientos (CIEs). Sí que incorpora la elaboración de una nueva ley de asilo o modificar el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de protección internacional, que está colapsado, con solicitudes que pueden demorarse hasta dos años. Por ello, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) propone cinco medidas urgentes: la formalización de solicitudes de forma inmediata y la resolución de las 100.000 solicitudes pendientes, un pacto de Estado por el derecho de asilo, un protocolo unificado de actuación, la puesta en marcha de vías legales y seguras para obtener protección internacional, por ejemplo en embajadas, y el fin de las devoluciones en caliente. Además, queda pendiente la reforma del sistema de acogida de los menores no acompañados.

Infancia, ley contra la violencia hacia los niños

Por último, el pacto de Gobierno incluye varias de las propuestas realizadas por las organizaciones implicadas en la defensa de los derechos de los menores. Entre ellas, la ley contra la violencia en la infancia, que Save the Children y Unicef piden que se apruebe en el primer Consejo de Ministros. Es inadmisible que una de cada dos denuncias por abusos sexuales tenga un menor como víctima. No podemos dar la espalda a los niños y niñas que sufren abusos, violencia o acoso, señala Andrés Conde, director general de Save the Children. La nueva ley aumentará la prescripción de estos delitos e introducirá medidas pioneras en prevención y reparación. Asimismo, ambas oengés solicitan que se aumente la prestación por hijo a cargo y se universalice la educación infantil de cero a tres años.