JUICIOS DEL 'PROCÉS'
El Gobierno defiende la "necesidad" de cambiar el Código Penal
Calvo subraya que Sánchez no negociará con Torra la rebaja del delito de sedición. El Ejecutivo quiere que la Iglesia empiece a pagar el IBI por lugares que no sean de culto
Pedro Sánchez y Carmen Calvo, el pasado martes en el Congreso, durante el debate de investidura.-DAVID CASTRO
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado este miércoles "necesario" la reforma de la legislación para suavizar el delito de sedición, una iniciativa de la que se podrían beneficiar Oriol Junqueras y otros presos del 'procés'. "No es tanto urgencia como necesidad. Hay tipos penales en nuestro país que no están a la altura del derecho comparado de nuestro entorno europeo. Algunos son anteriores a nuestra Constitución", ha señalado Calvo en la Cadena Ser.
La número dos del Ejecutivo también ha querido subrayar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no negociará esta reforma con el 'president', Quim Torra, en su próxima reunión en Barcelona, dentro de una ronda que llevará al líder socialista a citarse con todos los mandatarios autonómicos. "Del Código Penal y de su reforma el presidente no va a hablar con los presidentes autonómicos. Eso no va a ser sometido a ningún tipo de negociación", ha dicho Calvo.
La modificación necesita la mayoría absoluta del Congreso para salir adelante, ya que el Código Penal es ley orgánica. La suma, en principio, podría darse si el bloque que sacó adelante la investidura de Sánchez a principios de mes se repite y ERC y Bildu pasan de la abstención al apoyo, algo que el Gobierno considera muy probable. La vicepresidenta ha reconocido que el cambio legal podría aplicarse a los líderes independentistas encarcelados, pero ha negado tajantemente que ese sea el objetivo perseguido. El motivo de la reforma, ha explicado, tiene que ver, sobre todo, con la necesidad de adecuar la legislación a la del entorno europeo.
CAMBIOS FISCALES
Calvo también ha defendido la necesidad de hacer los cambios legales necesarios para que la Iglesia Católica, así como otras confesiones mucho menos acaudaladas, empiece a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por lugares que no sean de culto. Se trata de una vieja reivindicación del PSOE que hasta ahora ha ido aparcando. "En aquel patrimonio que no esté afecto a sus funciones como religión, la Iglesia tiene que responder a la fiscalidad. Creo que la Conferencia Episcopal está en una actitud de puesta al día", ha dicho la vicepresidenta, que ha descartado que esta iniciativa pueda suponer un conflicto con los obispos.