Sancionado un alto cargo del Estado a cinco años sin poder ocupar un puesto similar

Un alto cargo del Estado ha sido sancionado a cinco años sin poder ocupar un puesto similar, al haber incumplido la ley que regula el ejercicio de los altos cargos. La sanción se le impuso en octubre del año pasado y fue confirmada por el Consejo de Ministros en diciembre.

La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) ha publicado su informe semestral sobre el grado de cumplimiento de la normativa sobre altos cargos por parte de los afectados. En él se incluyen los casos de las personas sancionadas y los procedimientos abiertos, pero aparecen tachados los nombres, por lo que no se sabe quiénes son los afectados.

Es el caso de un alto cargo que, al no cumplir la normativa, fue sancionado por acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 18 de octubre. Se le condenó a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la declaración de incumplimiento de la ley, así como a la imposibilidad de volver a ocupar un alto cargo del Estado durante cinco años.

El afectado presentó un recurso, se añade en este informe, pero fue desestimado por acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 13 de diciembre. Cabe la posibilidad de que esta persona lleve el caso a la justicia ordinaria, por lo que la sanción no es de momento firme.

DEMANDA DE MÁS TRANSPARENCIA

El Consejo de la Transparencia, el organismo que supervisa el cumplimiento de la ley de Transparencia, ha defendido que estos informes se publiquen en su integridad, sin ocultar por ejemplo los nombres de los altos cargos sancionados por incumplir la normativa. Si los conflictos llegan a los tribunales y hay sentencia firme, se publica la identidad pero sólo en caso de infracciones graves o muy graves. En los casos leves, no.

En el mismo informe de la Oficina de Conflictos de Intereses se recoge también el inicio el pasado semestre de un expediente sancionador a otro alto cargo, también por incumplir la ley que regula el ejercicio de este puesto.

Por lo demás, el informe semestral publicado aporta el dato de que el Estado tenía el 31 de diciembre pasado un total de 666 altos cargos en activo, entre miembros del Ejecutivo y sus equipos en los ministerios, el personal de la Casa Real, delegados del Gobierno y demás cargos en organismos del Estado, que van desde organismos reguladores a las embajadas, los puertos, fundaciones, empresas o consorcios públicos. En general, todos aquellos altos cargos nombrados por el Consejo de Ministros.

DECLARACIÓN DE BIENES

Entre otras obligaciones, estos cargos del Estado deben presentar una declaración de las actividades que han tenido antes de ser nombrados y otra sobre los bienes y derechos que poseen. La OCI supervisa toda la información que presentan y si cumplen los plazos y la normativa, y hace público cada semestre un informe, con las limitaciones de información señaladas.

La cifra de diciembre supone un descenso en 41 altos cargos con respecto a los 707 que había un año antes, con el primer Gobierno de Pedro Sánchez, y que fue la cifra más alta desde que en 2014 se empezó a publicar este registro. El resto de ejercicios han oscilado entre los 642 de diciembre de 2016 y los 671 de 2017.